Desde antes de que Keiko Fujimori asumiera la presidencia de la República sostengo que los primeros 100 días del gobierno deben destinarse a una reforma laboral integral: una transición gradual entre regímenes, una Sunafil orientada a acompañar la formalización e incentivos tributarios concretos para quienes decidan formalizarse. Lo he planteado durante años porque la informalidad no es un problema coyuntural, sino el mayor obstáculo estructural para el crecimiento con equidad.
Con el Ejecutivo ya instalado, el Consejo de Ministros ha evaluado un borrador de proyecto para solicitar al Congreso facultades legislativas por 120 días en siete áreas de impacto económico. En materia laboral y tributaria, el diagnóstico es acertado. Lo que aún falta es el diseño técnico para convertir esas intenciones en resultados.
El borrador del proyecto propone, por ejemplo, simplificar los regímenes tributarios mediante incentivos, exoneraciones, créditos y deducciones, además de avanzar hacia un Impuesto a la Renta empresarial único con tasas marginales crecientes. Es una medida acertada porque hoy muchas empresas evitan crecer formalmente para no asumir de golpe una mayor carga tributaria. También plantea modificar el régimen de impugnación ante el Tribunal Fiscal para impedir que la Sunat aplique criterios ya superados por la Corte Suprema, fortaleciendo la seguridad jurídica. No obstante, el borrador del proyecto del pedido de facultades resulta demasiado amplio y, sin límites claros, lo que podría derivar en normas insuficientemente debatidas. Por ello, resulta prudente que continúe en revisión antes de que se presente el documento final.
Por otro lado, se plantea un régimen progresivo para promover la formalización de las mypes, atacando un problema real: el salto abrupto entre regímenes, donde superar por un margen mínimo el límite permitido implica perder inmediatamente todos los beneficios. La solución debería ser gradual. Propongo un esquema en el que las obligaciones tributarias y laborales aumenten progresivamente —un tercio, dos tercios y luego el 100%— durante un plazo previamente establecido, de modo que crecer formalmente deje de ser un castigo.
La iniciativa también contempla fortalecer el enfoque preventivo de Sunafil. Es un avance importante, pero insuficiente sin mayores recursos. Hoy existen cerca de 10,2 millones de trabajadores en mypes frente a apenas 1,8 millones registrados en planillas. Sunafil necesita presupuesto, más capacidad operativa y herramientas tecnológicas, incluso inteligencia artificial para focalizar mejor las fiscalizaciones, especialmente en zonas rurales, donde la informalidad alcanza el 95%.
Otro aspecto positivo es la regulación de los bonos de productividad sin carácter remunerativo. Este punto merece especial atención porque un trabajador peruano sigue siendo considerablemente menos productivo que uno colombiano o chileno. Ninguna política de formalización será sostenible si no incorpora medidas para elevar la productividad.
La experiencia del sector acuícola demuestra por qué las buenas intenciones no bastan. Aunque el Perú es el quinto productor acuícola de América Latina, el 86% de su actividad permanece en la informalidad, según Produce. Durante años este sector operó bajo un régimen laboral especial que luego fue eliminado sin establecer objetivos ni una ruta de transición hacia el régimen general. El resultado fue una industria que no logró formalizarse y una inversión que migró hacia países como Ecuador y Chile, donde existen reglas más previsibles. Este caso no contradice la necesidad de unificar el Impuesto a la Renta empresarial. Lo que demuestra es que cualquier régimen transitorio, sea general o sectorial, debe establecer desde el inicio objetivos verificables, un cronograma y una fecha de conclusión.
Que el proyecto incorpore la gradualidad, el fortalecimiento preventivo de Sunafil y los incentivos tributarios representa una señal positiva. El diagnóstico parece estar claro. Pero una reforma no se agota en reconocer el problema: requiere mecanismos concretos, cronogramas verificables y entidades con capacidad para ejecutarlos. Los primeros 100 días constituyen la oportunidad para pasar de la intención al diseño institucional.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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