Los ingresantes cubanos de 1980, por César Jordán Palomino
Los ingresantes cubanos de 1980, por César Jordán Palomino

La partida de Fidel Castro me ha recordado mi primer destino diplomático, hace treinta años en La Habana, que duró casi siete años, en que tuve la oportunidad de participar en la solución del diferendo por el ingreso de cubanos a nuestra sede diplomática. El tiempo transcurrido en ese destino, junto con las obvias necesidades funcionales, me obligaron a tomar conocimiento preciso del tema a través de quienes participaron directamente en la etapa inicial y, por cierto, participar en sus últimos desarrollos. 

El 4 de abril de 1980, el Gobierno de Cuba retiró la protección policial que prestaba al local que albergaba la residencia y las oficinas de la Embajada del Perú, como respuesta por la negativa peruana de entregar a 12 cubanos que habían forzado su entrada a la sede tres días antes. 

En pocas horas, multitudes derribaban las rejas perimetrales de la embajada, con frente a la Quinta Avenida, y al día siguiente miles se encontraban dentro de la residencia y en sus jardines, solicitando protección diplomática y facilidades para emigrar. Ante la magnitud del fenómeno, el Gobierno Cubano tomó acción, con vallas y controles policiales, para impedir la llegada de más personas. 

En los meses previos, habían ocurrido varias situaciones de menor magnitud en nuestra embajada y otras sedes y las relaciones bilaterales no estaban en buen momento. El encargado de negocios interino era el primer secretario Ernesto Pinto-Bazurco Rittler, apoyado por un tercer secretario recién trasladado, Gustavo Gutiérrez. La embajada informó de inmediato a Lima sobre el levantamiento de la seguridad externa y, de manera continua, sobre lo que siguió ocurriendo. 

El Gobierno del Perú, confrontado a esta crisis diplomática de serias connotaciones humanitarias, desechó la opción de permitir el desalojo de los hombres, mujeres y niños que ocupaban casi toda la embajada, con excepción de un pequeño anexo donde funcionaban las oficinas. Así se le comunicó al encargado de negocios interino y, el 6 de abril, el canciller Arturo García designó a cuatro diplomáticos en una misión especial que partió al día siguiente, dirigida por el consejero Armando Lecaros de Cossio, designado nuevo encargado de negocios a.i., para establecer el diálogo con el Gobierno Cubano y organizar el manejo de una situación potencialmente explosiva. 

La noche anterior, una vez que la policía retomó el control de los exteriores, Fidel Castro se acercó a observar lo ocurrido y conversó con el secretario Pinto en el interior de su vehículo. Dicho funcionario informó a Lima ser portador de un mensaje para nuestro gobierno y fue autorizado a venir de inmediato. No regresó a Cuba. 

La misma noche de su arribo, con apoyo de jóvenes cubanos que estaban adentro, los funcionarios de la misión especial hicieron un censo de los ocupantes, llegando a establecer que había más de 10.800 personas en la embajada. Los datos personales, nombres, edades, género y ocupación fueron cuidadosamente procesados y remitidos a la cancillería peruana. 

El entonces consejero Lecaros abrió un canal de diálogo con el vicecanciller Ricardo Alarcón para solicitar facilidades, atención médica, sanitaria y alimentación para los ingresantes. Reiteró que el Perú no podía obligar a esas personas a dejar la sede. El Gobierno Cubano manifestó que ninguna persona sería autorizada a viajar al exterior directamente desde la embajada. A continuación, mediante altavoces, hizo la misma advertencia a los ingresantes e instaló carpas en los alrededores de la embajada, donde se entregarían pasaportes, sin precisar restricciones. El Gobierno Cubano se hizo cargo de la distribución de alimentos, que dadas las condiciones, resultaba insuficiente. 

El abandono voluntario de la embajada comenzó y se multiplicó apenas trascendió que muchos de los que salían recibían sus documentos de viaje. Muchos formarían parte de la emigración masiva por el puerto de Mariel, impulsada por el Gobierno Cubano. 

Paralelamente, el Acnur estableció contacto con el Gobierno Peruano y otros, a la expectativa de que pudiera generarse una emigración organizada de cubanos aún renuentes a abandonar la sede. La negociación diplomática, una vez aliviada la presión y con dicho apoyo, permitió esta emigración, en varios contingentes, durante los siguientes dos meses. Más de 30 personas no autorizadas fueron trasladadas a un local especial bajo la custodia compartida del Perú y de Cuba. Al año siguiente, en 1981, y luego de discretas conversaciones en Lima, una nueva misión especial, conformada por el señor Peter Cannock y el entonces consejero Jorge Voto Bernales, consiguió la salida de la embajada de 19 personas con garantías y posibilidad de gestionar su emigración. 

Luego de ello, se decidió, ya durante el primer gobierno del presidente Alan García, invertir el paradigma: en vez de que el tema de los ingresantes impidiera el mejoramiento de las relaciones, mejorarlas para que ello permitiera una solución. A la sazón, tres permanecían aún en un local de la embajada.

El 10 de abril de 1986 se restituyó el nivel diplomático, tocándome llegar a Cuba con el nuevo embajador, Carlos Higueras. La misión Higueras, además de recuperar una relación histórica, que se remonta a la propia guerra de independencia cubana con la participación de héroes peruanos como Leoncio Prado, impulsó el intercambio cultural, económico y de cooperación y, ciertamente, se concentró en buscar resolver el asunto de los ingresantes.

Fue en 1988, durante el viaje a una reunión multilateral del entonces canciller Luis Gonzales Posada (acompañado por el embajador Ricardo Luna) que se abordó con el propio Fidel Castro, en un diálogo abierto, la solución de este irritante bilateral. Se logró un compromiso sencillo, basado en garantías cubanas que estas personas, previo trámite migratorio, podrían abandonar el país hacia el Perú y de allí, si así lo deseaban, a otro país que les diera visa.

Los últimos tres ingresantes dejaron la protección diplomática del Perú en 1989.