Instituciones ante el conflicto, por Vladimiro Huaroc

Sin duda, los conflictos sociales son parte de la dinámica del país. Nuestra larga tradición republicana –con actores, culturas y estructuras ancladas en el conflicto– nos aleccionan de su activa presencia en el entramado social. Estos sacuden a los diferentes gobiernos, preocupan a los inversionistas y conllevan la imperiosa necesidad de un abordaje institucionalizado.

Bastante se ha avanzado para entender la conflictividad. Así, se identifica su naturaleza y la importancia de apostar por la prevención como un mecanismo privilegiado para evitar que escalen. En efecto, la prevención y un sistema institucionalizado para su tratamiento son la clave. Ante esto, ¿por qué los últimos gobiernos no han logrado una respuesta institucional que contribuya a resolverlos positivamente? 

La respuesta constante a los conflictos sociales –desde los diferentes gobiernos– se ha estimulado ante la efervescencia de las protestas para amainar el temporal. A pesar de los fondos públicos por concepto de canon y regalías –entre otros–, y los esfuerzos de algunas buenas empresas en procurar una relación armoniosa con su entorno, no se resolvieron los temas de fondo, como la ausencia o débil presencia del Estado y las necesidades y demandas insatisfechas de sectores pobres (donde se han anclado las actividades extractivas). 

Ante esta situación, en julio del 2012, el actual gobierno creó la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS), que concebía una auspiciosa visión de largo plazo para transformar los conflictos sociales en oportunidades de desarrollo y fortalecer la gobernabilidad. 

La concreción de aquella visión implicaba dos vertientes: una destinada a atender la coyuntura y otra de mayor caudal orientada a institucionalizar un sistema integrado y transversal que privilegie un modelo de actuación, con procesos y estrategias definidas. Así, el diálogo, los mecanismos de alerta temprana y las plataformas de información deberían asegurar una conducción y participación respetuosa de las competencias sectoriales y territoriales. Lo que, en buena cuenta, implica el diseño de una política pública que evite o minimice el factor sorpresa para responder oportunamente.

La propuesta quedó en el tintero de la Presidencia del Consejo de Ministros. A fines del 2014, se retornó a la atención inmediatista, se improvisaron comisiones de alto nivel y mesas de diálogo en procesos atravesados por la declaratoria de estados de emergencia –como Tía María y Las Bambas–, y se comprometió a las fuerzas del orden –incluidas las Fuerzas Armadas–. Los costos humanos en estos procesos merecieron el llamado de atención del secretario general de las Naciones Unidas al presidente.

Visto este panorama, el gobierno está obligado a insistir en la construcción de una sólida institucionalidad para la gestión de conflictos y seguir apostando por el desarrollo del país. La designación del quinto jefe de la ONDS trae consigo la enorme responsabilidad de conducir este proceso de largo aliento –en nueve meses– que le permitirá dar luz al esperado sistema integral que gravita en el Estado Peruano. Ello implicará una férrea voluntad política, un explícito apoyo a su labor y garantizar la reconducción de este proceso –más allá de las personas y liderazgos–, con la alta probabilidad de que sus beneficios sean cosechados por un siguiente gobierno, que está llamado a seguir los cauces democráticos frente a los conflictos sociales.