Involucrándonos en la problemática docente, por Miguel Ángel Torres

Se cuestiona a Fuerza Popular por no participar en el diálogo con los maestros en huelga. Pero esta reflexión no considera que el Gobierno no aprendió de sus errores pasados y eligió la peor forma de afrontar la situación.

Vemos a un presidente de la República invitar a negociar a los docentes en Palacio de Gobierno, desautorizando a su propia ministra de Educación, quien daba por zanjado el problema y persuadía a los docentes a retomar las clases bajo amenaza de despido.

Vemos a un ministro del Interior fustigando y deslegitimando al representante de los docentes, vinculándolo a agrupaciones pro-terroristas y forzando a la ministra de Educación a no negociar en la misma mesa.

Vemos a una ministra de Educación con una aparente vocación de diálogo, pero advertimos perplejos que, mientras transcurre la cita con los docentes, estos quedan aislados en el primer piso del ministerio, mientras la ministra supervisa desde otro superior, como si estuviese en el Olimpo.

Este gobierno demoró más de dos meses para percatarse de que la representación formal de los docentes no corresponde al respaldo real (ese que vemos en las calles), demostrando una vez más su incapacidad para reconocer al interlocutor adecuado. Por eso no participamos en el diálogo. Porque todo vaticinaba que no culminaría con resultados positivos y definitivos, y porque no comulgábamos con la forma como se estaba llevando a cabo.

Entonces, con justa razón, nos preguntan: ¿Qué propone la primera fuerza política en el Parlamento? Lo primero que hicimos, para facilitar la acción del Gobierno, fue conceder al Ejecutivo facultades legislativas en materia educativa; ofrecimiento que no tomaron, pese a que hubiese permitido emitir normas para fortalecer la reforma de la carrera magisterial en un breve plazo.

Si queremos resolver la problemática docente desde sus entrañas, debemos reformular los criterios de capacitación y evaluación que hoy se tienen. El objetivo debe ser alcanzar una auténtica meritocracia profesional docente.

La evaluación debe ser multidimensional y considerar tanto el desempeño docente y capacidades pedagógicas como la zona donde se enseña. En un país con una brecha de infraestructura educativa de S/77 mil millones, no es lo mismo evaluar a un docente que dicta clases en el colegio Alfonso Ugarte del distrito de San Isidro (Lima) que a un docente que enseña a múltiples grados en una sola aula de la Escuela N° 748 del distrito de Santa Rosa, provincia de El Collao (Puno), donde el 76% de sus niños de 6 a 35 meses de edad padece de anemia, el 16% de sus niños menores de 5 años padece desnutrición crónica, el 69% de sus niños dedica también su tiempo al trabajo infantil y el 68% de sus locales escolares no tiene acceso a servicios básicos de saneamiento, padeciendo además temperaturas de hasta 20 grados bajo cero; o que una profesora del Colegio N° 835 Virgen de Lourdes del distrito y provincia de Acobamba (Huancavelica), quien imparte clases en un solo salón a todos los grados, en una región donde la anemia afecta al 53% de sus niños de 6 a 35 meses de edad, donde el 33% de sus niños menores de 5 años tienen desnutrición crónica y el 79% de sus niños realiza trabajo infantil, a temperaturas de hasta 18 grados bajo cero y donde el 67% de sus colegios tiene problemas de acceso al agua potable y el 61% a otros servicios de saneamiento.

¿Qué maestro no sentiría todo en contra en una evaluación docente que no refleja estas diferencias? Estas consideraciones urgen ser recogidas normativamente.

Esta problemática no se soluciona solamente con un aumento mínimo en remuneraciones y beneficios vía decreto de urgencia, que pudo haberse emitido al día siguiente de la reunión de los docentes en Palacio de Gobierno hace más de dos semanas.

Es imperativo que apliquemos medidas disruptivas, como la implementación de un programa de alimentación integral en escuelas de los pueblos más pobres; adaptar el currículo a las necesidades geográficas, sociales, culturales y demandas laborales de cada región; crear un instituto nacional de medición de la calidad educativa con autonomía para evaluar resultados e implementar convenios con gobiernos subnacionales y escuelas para mejorar el servicio educativo; crear un sistema nacional de desarrollo docente que apoye el proceso de profesionalización y revalorización docente; y reformar mecanismos de representación y negociación de los profesores para que estén efectivamente organizados, conduciendo reclamos en primera instancia ante el gobierno regional, como nivel con mayor conocimiento de las circunstancias particulares de los docentes; y en segunda instancia, el gobierno nacional.

Nunca más pertinente la frase de Benjamín Franklin: “dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo”.