El peso de la dudosa palabra de Barata, por Federico Prieto Celi

En el Estado de derecho se respetan las libertades individuales de las personas, bajo el principio de la presunción de inocencia, lo que se lesiona cuando fiscales y jueces toman medidas contra los testigos o los mencionados por confidentes de la justicia, sin tener en cuenta el daño inmediato que hacen a la honra de dichas personas. 

En el caso de Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya he visto dos actos seguidos que no se sustentan con datos objetivos: la inspección de sus domicilios por el fiscal y la prohibición de salida del país por el juez (una medida que también se extiende al ex presidente de la Confiep Ricardo Briceño). Hasta lo que se sabe, el anterior viaje al extranjero de Yoshiyama y Bedoya es igualmente solo un indicio que no prueba nada.

El estilo intimidatorio de estas dos medidas y la consecuente información pública sobre las mismas me lleva a pensar en el estilo de las operaciones de la justicia norteamericana, de origen inglés, basada en sentimientos, venganzas y coyunturas favorables para ganar imagen al acusar al sospechoso, independientemente de que sea inocente o culpable.  

¿Tiene la prudencia que hay que esperar de la fiscalía tumbar una puerta de una patada, entrar a la habitación de una chica de 14 años o manipular los documentos de la esposa de un investigado que, como abogada, tiene derecho a la privacidad de sus expedientes? 

Lo importante es tener a alguien entre rejas para calmar la ira popular. No es el caso del Perú, basado en el derecho. De ahí la importancia que fiscales y jueces dan a la difusión de sus actos, contra toda discreción del manejo privado de los procesos. 

Como he dicho a lo largo de mis más de 50 años de periodismo activo, los periodistas tenemos como primera obligación decir la verdad y ponderar nuestras opiniones. No de vender más o aumentar la audiencia de nuestros programas a cualquier precio. No somos mercaderes de noticias sino divulgadores y comentaristas de lo que ocurre en la realidad. 

Con décadas de retraso, ¿debemos seguir priorizando el estilo atolondrado e insolente que tenía la periodista italiana Oriana Fallaci en sus entrevistas para hacerlas “más ágiles”, especialmente con el fin de demostrar que el entrevistador tiene siempre la razón y el entrevistado es un delincuente acorralado, al que no se le puede permitir discrepar? ¡Y no me vengan a mí con la argumentación gratuita de que estoy atacando la libertad de expresión! 

La palabra de Jorge Barata es simplemente un indicio que no ha sido comprobado con pruebas objetivas. En la declaración que tanto Yoshiyama como Bedoya hicieron a un programa de televisión, pese a que no hubo abogado que precisara en términos legales la defensa de ambos, quedó claro que se trataba solamente de recuerdos imprecisos. 

Yoshiyama dejó sentado que Jorge Barata había afirmado que no tenía cómo probar su acusación. Por su parte, Bedoya precisó que en el interrogatorio al empresario brasileño se le indujo a señalarlo con el dedo, porque Barata no se acordaba del nombre. Por tanto, esas acusaciones no están sustentadas, son nulas. 

No los proclamo inocentes porque la investigación no ha terminado. Fiscales y jueces tampoco deben declararlos culpables porque la investigación no ha terminado. Como dicen los juristas, todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Pero el tono de las informaciones se encuadran en un horizonte de corrupción y eso es demasiado. Hasta se dan el lujo de adelantar el tipo de presunto delito por el que serían acusados. ¿Es que ya han dictaminado interiormente que son culpables? 

El juez argumenta que ha cruzado información con terceras personas y que por eso debe continuar los interrogatorios. Y como estas personas tienen medios económicos para viajar, lo prohíbe. Ante la opinión pública, son sospechosos de la justicia, a quienes se les puede investigar lo que tienen en sus casas y mantener en territorio nacional a la fuerza.

Mucho ruido y pocas nueces, señores del Poder Judicial, cuyos miembros buscan ser respetables, pero que pueden pasar de investigadores y acusadores a investigados y acusados; y sufrir similares vejámenes. Porque como reza un viejo dicho francés “a cada cerdo le llega su San Martín”.