"Existen zonas en el país que no cuentan con todas las vacunas ni entrega oportuna del sulfato ferroso y los descartes de anemia. Ello impide llegar con el paquete básico de atención a los menores de 36 meses" (Ilustración: Giovanni Tazza).
"Existen zonas en el país que no cuentan con todas las vacunas ni entrega oportuna del sulfato ferroso y los descartes de anemia. Ello impide llegar con el paquete básico de atención a los menores de 36 meses" (Ilustración: Giovanni Tazza).
Paola Bustamante

La apuesta por la primera infancia y la educación de calidad como parte de una estrategia integral para la reducción de la debería ser una de las prioridades de este Gobierno.

El Plan Nacional de Competitividad y Productividad al 2030 prioriza fortalecer el capital humano. Para ello, es necesario contar con las condiciones que permitan mantener un adecuado estado de salud y acceso oportuno a servicios básicos de calidad, que faciliten el aprendizaje y el desempeño en el mercado de trabajo.

Revisando las cifras de atenciones en a y menores de 36 meses, vemos que solo uno de cada diez niños a nivel nacional accedió al Control de Crecimiento y Desarrollo (CRED) durante el año 2020 debido a la pandemia. ¿Y por qué es importante el CRED? Porque desde el nacimiento y durante los primeros 36 meses de vida es fundamental para el desarrollo de los niños y niñas que sean controlados, pesados y tallados, se les apliquen las vacunas que requieren de acuerdo a la edad, el consumo de sulfato ferroso desde los cuatro meses y el despistaje de anemia a partir de los 18 meses.

En esa línea, cabe resaltar que la vacunación en menores de 12 meses cayó de 77% a 61% durante el 2020.

Es así que a partir de mayo del 2021, con los datos presentados por el INEI, se iniciaron algunas acciones para reabrir el primer nivel de atención. Sin embargo, existen zonas en el país que no cuentan con todas las vacunas ni entrega oportuna del sulfato ferroso y los descartes de anemia. Ello impide llegar con el paquete básico de atención a los menores de 36 meses. Si bien se reconoce el rol que en este proceso vienen sumando los programas sociales –como Juntos, que en el mes de diciembre ha incorporado la Transferencia de Primera Infancia (TPI) para enfocarse en las madres gestantes y en los menores de 12 meses–, ello no es suficiente.

Por este motivo, urge el liderazgo técnico y político del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) para impulsar el trabajo articulado con el Ministerio de Salud (Minsa) y los gobiernos regionales, en el marco del Programa Presupuestal Orientado a Resultados para el Desarrollo Infantil Temprano (PpoR DIT). Se tienen las herramientas (Fondo de Estímulo al Desempeño y Sello Municipal Incluir para Crecer), los datos (ENDES-DIT), las estrategias (Estrategia de Desarrollo Infantil Temprano-Primero la Infancia y Estrategia de Gestión Territorial Primero la Infancia) y el presupuesto para este año (PPoR DIT). Ahora corresponde avanzar rápidamente y revertir esta situación, ya que la afectación a los niños y niñas es irreversible y romper con la transferencia intergeneracional de la pobreza es prioridad.

En cuanto al acceso a servicios básicos en los hogares, los datos no son alentadores. La pandemia nos demostró que el Internet es un servicio al que todo hogar debe acceder. Lamentablemente, hasta el 2020, se comprobó que solo el 39% de hogares a nivel nacional contaba con este servicio y solo el 9% lo hacía en el ámbito rural. Además, solo el 34% de hogares cuenta con los cinco servicios básicos y solo el 5% lo hace en la zona rural.

La política general del actual gobierno plantea como primer objetivo la generación del bienestar y protección social con seguridad alimentaria. Parte de la decisión de mejorar el bienestar pasa por avanzar en la dotación de servicios básicos a los hogares. No obstante, es importante que se avance de forma coordinada y que el ciudadano sea el centro de atención.

Hasta ahora no se conoce cuál será la estrategia de implementación de este primer objetivo. En la gestión pública, los mecanismos de gobernanza para la implementación de las decisiones son clave para conocer si lo aprobado se queda en el discurso o realmente podrá ser implementado.

La reducción de la pobreza implica priorizar los esfuerzos en la primera infancia, velar por el acceso oportuno y de calidad a la salud, educación y servicios básicos, así como garantizar que los hogares cuenten con ingresos permanentes. Esto último se logra a través del sector privado, principalmente, del sector público y de la generación de empleo.

Si no se toman medidas urgentes, no avanzaremos en reducir la pobreza ni ser competitivos en el mediano y largo plazo.

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