La importancia de la detención preliminar

Vengo advirtiendo de que el Perú está pasando por una de las mayores crisis de desborde criminal de toda su historia republicana. Los factores detrás de esta crisis, además de la presencia de estructuras criminales locales y transnacionales, son el crecimiento de las economías ilegales (oro ilegal, cocaína y contrabando), un gobierno extremadamente débil y una legislación procrimen que el Congreso de la República se afana en aprobar y defender. Un ejemplo muy claro de lo último es la derogatoria de la detención preliminar en un contexto en el que cada día son asesinados cinco peruanos.

La fiscalía y la policía necesitan, además de un trabajo articulado –que no existe–, una legislación suficientemente clara y firme que facilite la investigación contra las estructuras criminales. La colaboración eficaz, la pérdida de dominio y la detención preliminar son, entre otras, absolutamente importantes en esta tarea. Precisamente este conjunto de herramientas procesales ha sido debilitado por el Congreso y el Gobierno, generando condiciones que favorecen el avance criminal y a los procesados, especialmente en los casos de corrupción.

Esta vez, por razones de espacio, vamos a concentrarnos solo en la importancia de la detención preliminar en la lucha contra el crimen. Para ello, es necesario realizar, rápidamente, un análisis estratégico de las organizaciones criminales. Estas están naciendo, en general, de una acción de reciclaje: el tiempo –más que las capturas– genera vacíos y, para llenarlos, los remanentes se reagrupan en torno de un cabecilla. Este proceso se incuba principalmente al interior de los penales. Por ejemplo, elementos libres de La Gran Familia y de Los Injertos de KyK se integraron a Los Pulpos, que ahora son los dueños de una parte de Trujillo y de Pataz. Ellos operan siguiendo los conceptos del compartimentaje, el control territorial y el ‘franquiciado’. Un proceso similar –en su composición y acción– lo observamos en los actuales dueños de Comas y Puente Piedra (Los Injertos del Cono Norte). El cabecilla, conocido como ‘El Monstruo’, dirige sus negocios desde Bolivia y Brasil, probablemente protegido por la mega organización conocida como el Primer Comando Capital (PCC).

Las organizaciones extranjeras controlan, con estructuras propias o franquicias y usando la extrema violencia, toda la franja costera. El relevo de sus miembros caídos es rápido, lo que indica una dirección central. Precisamente por ello es un gravísimo error, como se viene realizando ahora, mezclarlos en un mismo penal con los delincuentes locales.

Como se puede ver, en ambos casos, las estructuras son complejas, jerárquicas y con roles definidos por especialización: hay brazos (o franquicias) dedicados a la extorsión, al secuestro y al lavado de dinero. Los sicarios son, cuando actúan, la parte visible de la organización; las demás son subterráneas.

Las economías ilegales tienen una estructura diferente, son más difusas. Operan, con protección de actores políticos, en una conveniente zona gris. Dos ejemplos: las que controlan el tráfico ilícito de mercancías (cocaína, mercurio, cigarrillos, etc.) en la frontera con Bolivia. Los puestos de control están ‘concesionados’ a estas organizaciones. En el caso del oro ilegal, tienen una larga cadena de suministros protegidos y brazos operativos armados. Los dueños del negocio probablemente estén disfrutando del sol en las playas del sur o planificando su próxima campaña política. Si se aprobaran las observaciones del Gobierno a la detención preliminar, ¿en qué momento estarían en flagrancia para detenerlos?

Dicho esto, es obvio que a estas organizaciones no se les combate con estados de emergencia o con soldados y policías haciendo control de identidad. La fórmula es con trabajo articulado de policías y fiscales especializados, que utilicen la inteligencia humana y electrónica como principal arma de combate. Y, aun así, no sería suficiente, porque una vez develada la organización criminal la única forma de desarticularla es con la detención preliminar. Pensar que estas estructuras siempre invisibles actúan como pandilleros atacando en masa –y que, por lo tanto, se les puede detener en flagrancia– es de una ignorancia (¿o complicidad?) suprema.

Mientras el Congreso y el Gobierno juegan al pimpón con la detención preliminar, en lo que va del primer mes del año han asesinado a casi 100 peruanos y están ametrallando buses con pasajeros como si se tratara de un juego en la red. El ataque dinamitero contra el local del Ministerio Público en Trujillo marca un hito (mexicanización) de la violencia. Aun cuando la bomba fue contra una fiscal que se atrevió a investigar en serio a los mineros ilegales y a una amplia gama de sus protectores (uniformados y no uniformados), el mensaje es para todo el país: “aquí mando yo”. La respuesta a este mensaje definirá la situación de nuestro régimen híbrido.