La tierra volvió a temblar cerca de nuestro país. Esta vez le tocó a nuestros hermanos colombianos y es inevitable hacernos la pregunta que siempre evitamos en nuestra capital con algo de resignación: ¿estamos verdaderamente preparados para el gran sismo que venimos esperando? Como arquitecto y urbanista, la respuesta objetiva es contundente y dolorosa: no, no lo estamos. Y el problema no radica únicamente en la inestabilidad de algunos suelos o en la calidad de nuestras construcciones, sino en una vulnerabilidad mucho más profunda y silenciosa: la falta de memoria sísmica y la desconexión cultural con la prevención.
Nuestra capital no experimenta terremotos de gran magnitud desde 1970 y 1974. Este espacio de casi cinco décadas ha generado un peligroso sesgo generacional. Aquellos ciudadanos que vivieron la crudeza de un gran terremoto son hoy adultos mayores; mientras que las generaciones de 50 años hacia abajo —la fuerza productiva y social activa del país— jamás han enfrentado la verdadera escala de una catástrofe de esa magnitud. Y es que existe una ley básica que se aplica perfectamente a la gestión de riesgos: no se puede estar preparado para una experiencia que no se conoce. Si a esta falta de experiencia le sumamos un contexto social donde la divulgación científica y el pensamiento crítico son desplazados masivamente por el entretenimiento efímero de las redes sociales y el consumo mediático de bajo contenido, el resultado es una población anestesiada e indiferente a un conocimiento técnico que podría salvarle la vida.
Este desinterés colectivo por la ciencia se materializa directamente en nuestro territorio. Ante la llegada del megasismo de magnitud 8 que la comunidad científica estima que sucederá en la costa central, la devastación que sufriríamos en Lima superaría largamente los escenarios vistos en Colombia, Venezuela, Chile o México. Las razones trascienden lo geológico: son estrictamente socioestructurales. Me explico: la combinación de pobreza y corrupción han permitido un crecimiento urbano caótico, autoconstruido y sin fiscalización técnica durante décadas. Más de un millón de limeños habitan hoy en las laderas de los cerros, en construcciones extremadamente precarias. A esto hay que sumarle que grandes poblaciones viven hacinadas sobre suelos arenosos muy vulnerables como Villa El Salvador o Ventanilla, entre otros.
Frente a esta realidad, el Estado Peruano —independientemente del sesgo ideológico o del gobierno de turno, sea de derecha o de izquierda— no está en la capacidad de responder adecuadamente a un escenario de tal envergadura. La vulnerabilidad no es una cuestión de doctrina política, sino de desarrollo. Los países estables con instituciones sólidas, como Japón, o incluso naciones de nuestra región con una cultura sísmica bien estudiada y puesta a prueba recientemente como Chile, logran mitigar el impacto de la naturaleza mediante ingeniería, fiscalización y educación ciudadana. Los países pobres, en cambio, pagan los terremotos no solo con infraestructura derrumbada, sino con vidas que la precariedad no pudo proteger.
La reflexión final no puede ser la simple resignación ante la fatalidad. Si aceptamos que no estamos preparados, la pregunta inmediata es: ¿qué nos corresponde hacer si realmente valoramos la vida de nuestras familias y nuestro patrimonio?
La solución no vendrá de un milagro ni de un cambio de gobierno; exige refundar la relación entre el ciudadano, la ciudad y la ciencia. Requiere exigir que la gestión del riesgo de desastres sea una política urbana prioritaria e innegociable, donde la ingeniería civil, la arquitectura y el urbanismo vuelvan a dirigir el crecimiento de la ciudad. Pero, sobre todo, exige construir una cultura de prevención activa antes de que la naturaleza nos recuerde, de la peor manera, todo eso que debimos hacer a tiempo.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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