"sto es especialmente importante a la luz de la actual competencia de promesas populistas en la que están inmersos los candidatos que aspiran a gobernarnos el próximo lustro". (Ilustración: Giovanni Tazza)
"sto es especialmente importante a la luz de la actual competencia de promesas populistas en la que están inmersos los candidatos que aspiran a gobernarnos el próximo lustro". (Ilustración: Giovanni Tazza)
Luis Miguel Castilla Rubio

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Afuera de los más de 4.000 comedores populares de Lima cada vez hay una mayor aglomeración de indigentes en larguísimas colas en búsqueda de alimentos para sobrevivir una cruda realidad: la agudización de la urbana en nuestro país. De hecho, el incremento de la pobreza ha sido más dramático en las zonas urbanas que en las rurales, pasando de 15% a 26,2% el último año. El empleo en las ciudades es el que más se perdió y precarizó por el deficiente manejo de la pandemia. Hoy en día hay 7 millones de pobres urbanos y 2,9 millones de pobres rurales en nuestro país. Por su parte, la desigualdad de ingresos se ha acentuado más al interior del ámbito urbano que en el rural. Según la , el ingreso per cápita de los hogares no pobres rurales es 2,2 veces mayor que en los hogares pobres rurales, mientras que el diferencial es 3,2 veces mayor en el ámbito urbano. Estos datos confirman que la desigualdad se estaría tornando un problema más complejo de resolver y está en el trasfondo de la frustración de grandes segmentos de la población que exigen cambios radicales al percibir que poco tienen que perder.

La precariedad en las condiciones de vida se ha acentuado de manera más significativa en las ciudades. Por ejemplo, la proporción de la población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos informales o viviendas inadecuadas, apenas se ha reducido de 49,9% en el 2007 a 42,1% en el 2019, según la Enaho. En esa línea, el 7,6% de los hogares pobres en las zonas urbanas tiene una vivienda inadecuada (esto es, posee paredes, pisos y/o techos de materiales precarios y no tiene acceso a los servicios de agua o luz) y el 10,9% posee una vivienda hacinada. Estas carencias explicarían por qué los mayores focos de contagio del se han ubicado en las zonas periurbanas del país.

Atender la problemática urbana demanda una mejor comprensión de sus determinantes y de ajustes en la política pública, dado que el instrumental para dotar de una capa de protección social a los más vulnerables está pensado para atender especialmente a la población rural y no la urbana. El sistema de focalización de hogares y los programas de transferencias monetarias condicionadas, como el Programa Juntos, están diseñados para operar en los distritos de pobreza extrema de las zonas rurales. Es previsible que a medida que se reactive la economía, y se recupere el , mejoren de manera más acelerada las condiciones de vida de la población urbana, a diferencia de la población rural que ha tendido a sufrir de brechas sociales más persistentes. Sin embargo, la recuperación económica podría tardarse y las crecientes brechas podrían no revertirse con facilidad, situación que demandaría adecuar la intervención pública durante la transición.

En ese sentido, el tratamiento de la pobreza urbana requiere medidas enfocadas en la dinámica particular que enfrenta este grupo poblacional. Urge mejorar las redes de protección social protegiendo a la población urbana de los embates de la pobreza, incluido el hambre y sus efectos perniciosos sobre la salud. Medidas como la expansión del Programa Juntos al ámbito urbano, así como la decisión de darle continuidad a programas que han mostrado resultados, como Barrio Seguro y subsidios financieros para el mejoramiento de vivienda popular. Sin embargo, en el caso de extender el Programa Juntos al ámbito urbano se deberá introducir el concepto de temporalidad (al responder a eventos transitorios) y adecuar su diseño. A diferencia de la condicionalidad en materia de salud y educación que aplica a la esfera rural, un rediseño urbano deberá estar atado a otro tipo de intervenciones públicas, como, por ejemplo, la extensión de la inclusión financiera o la participación de los beneficiarios en programas de capacitación e intermediación laboral. Así no solo se ampliaría la red de protección social, sino que podrían obtenerse mejoras en la productividad y una inserción laboral más eficaz, cruciales para mejorar la calidad de vida de manera sostenible.

Para no presionar al fisco de manera desproporcionada se deberá mantener la focalización de estos programas y reducir el riesgo de filtraciones, es decir beneficiar con transferencias monetarias a los no pobres, construyendo sobre el reciente esfuerzo de empadronamiento de beneficiarios y cruzarlo con otras fuentes de información en plataformas integradas e interoperables. No obstante, el mayor desafío a futuro será evitar el uso clientelar y la captura de estos programas y preservar su manejo técnico. Esto es especialmente importante a la luz de la actual competencia de promesas populistas en la que están inmersos los candidatos que aspiran a gobernarnos el próximo lustro.

*El autor fue ministro de Economía durante el gobierno de Ollanta Humala.