(Ilustración: Giovanni Tazza)
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Nicolás Zevallos

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Existe consenso sobre la necesidad de hacer cambios de fondo en la Policía Nacional del Perú. Si bien esta necesidad se hace ahora visible debido a diversas demandas ciudadanas y a los hechos recientes, en realidad es un clamor de larga data. Y no solo desde la sociedad, sino también en el interior de la misma institución policial. Un ejemplo de ello se refleja en el Plan Mariano Santos al 2030 (MS-30), en el que los mandos policiales y los policías de diferentes niveles jerárquicos, incluyendo los suboficiales, han reconocido los principales problemas y las brechas que dificultan o limitan la función policial, restándoles eficacia y eficiencia.

En esa línea, y consciente de los problemas de nuestra policía, el presidente Francisco Sagasti ha expresado su compromiso de promover la formulación de los lineamientos necesarios para avanzar hacia una verdadera transformación de la Policía Nacional del Perú. Y en tanto el mismo mandatario reconoció que una tarea de tal envergadura no podría ser concluida en el breve lapso de un gobierno de transición, bajo el liderazgo del Ministerio del Interior se ha constituido el grupo de trabajo que trabaja ya una propuesta de hoja de ruta para la modernización y el fortalecimiento de la Policía Nacional del Perú, la misma que se ha empezado a construir sobre la base del Plan MS-30.

No se trata, entonces, de un esfuerzo iniciado a partir de un “borrón y cuenta nueva”, sino de la continuación del trabajo que ya se había desarrollado en la institución policial. Así se ha definido un proceso de construcción de las ideas base para lograr un verdadero cambio institucional.

El grupo de trabajo ha fijado un objetivo: “superar los factores que impiden que la institución policial cumpla eficazmente con su mandato constitucional, el cual es el de garantizar el orden interno y la seguridad ciudadana, en un marco de integridad y respeto de los derechos humanos”. Para lograr este objetivo, se ha propuesto trabajar en la mejora de los incentivos para la función policial, la provisión de una mejor infraestructura y del equipamiento y la tecnología que requieren las actividades policiales y la recuperación de la confianza del policía en su propia institución y del ciudadano en la policía.

De manera transversal, este grupo de trabajo también ha identificado la necesidad de aplicar estándares de integridad y fortalecer aquellos relacionados con el respeto de los derechos humanos en el cumplimiento de las tareas policiales. Ello sin perjuicio de, a su vez, reconocer y fortalecer la función garante y ejecutora de la policía en el mantenimiento del orden interno y en materia de seguridad ciudadana.

Para la elaboración de la propuesta, que debe estar lista en la quincena de febrero, además de la propia Policía Nacional, se ha convocado a los actores sociales y académicos. La respuesta de la sociedad civil ha sido alentadora: poco más de setenta organizaciones –la mayoría vinculadas a la familia policial, a la defensa de los derechos humanos y a centros de investigación– han respondido positivamente a la convocatoria hecha por el sector Interior.

Esta semana se ha iniciado la primera fase del proceso, dedicada a recoger comentarios y sugerencias de las organizaciones sociales a través de diferentes mecanismos de participación, como reuniones de trabajo virtuales. Está acción también se efectuará de manera simultánea con los demás actores involucrados a fin de identificar las bases mínimas para una mejora en la institución policial.

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