El sismo de magnitud 7,2 ocurrido el jueves 20 de agosto volvió a poner sobre la mesa una pregunta que el Perú no puede seguir postergando: ¿qué tan preparadas están nuestras escuelas para enfrentar un terremoto de mayor magnitud?
El movimiento ocurrió a la una de la tarde, en pleno horario escolar. Su profundidad, de 108 kilómetros, contribuyó a reducir sus efectos en superficie; aun así, la Dirección Regional de Educación de Ica suspendió las clases de la región y Defensa Civil reportó daños en centros poblados de Ayacucho. El episodio dejó una evidencia concreta: un sismo de estas características fue suficiente para alterar el funcionamiento de las escuelas en el sur del país.
El escenario que preocupa es otro. Frente a la costa central existe una zona de aproximadamente 400 kilómetros en la que las placas permanecen acopladas y no han liberado una cantidad significativa de energía desde 1746, cuando un terremoto destruyó Lima y Callao. No sabemos cuándo ocurrirá un nuevo gran sismo, pero sí conocemos su potencial destructivo y, sobre todo, sabemos que una parte de nuestra infraestructura educativa no está preparada para enfrentarlo.
El problema es que el riesgo ya está identificado. El Perú cuenta con cerca de 55.000 locales educativos públicos y, según el diagnóstico del Ministerio de Educación, más de 26.000 se encuentran en condiciones de riesgo sísmico. Esto significa que más de 1,2 millones de estudiantes —uno de cada cinco alumnos de la escuela pública— asisten diariamente a espacios que requieren atención para reducir su vulnerabilidad. En Cajamarca, Cusco y Puno se concentra la mayor proporción de locales en riesgo de colapso, mientras que en Lima Metropolitana la DRELM identifica más de 400 colegios en condición de alto y muy alto riesgo.
El caso de la institución educativa Micaela Bastidas, en Los Olivos, resulta ilustrativo. La comunidad educativa, que atiende a alrededor de 1.600 estudiantes, reclama atención desde el 2020 por el deterioro de paredes y pisos. Después del sismo de junio del 2025, incluso se reportó la caída de vidrios de varias ventanas. Según la información pública consultada, la reconstrucción del colegio estaría prevista recién para el 2032.
Si una escuela necesita ser intervenida para garantizar condiciones adecuadas de seguridad, ¿qué sentido tiene identificar el riesgo hoy si la solución llegará dentro de varios años?
La pregunta no es menor. Una emergencia que obligue a cerrar escuelas no solo afecta la infraestructura. También interrumpe el aprendizaje y golpea especialmente a los estudiantes que ya enfrentan mayores brechas educativas. La experiencia de la pandemia mostró el costo que puede tener una interrupción prolongada de las clases: el Banco Mundial estimó que la pobreza de aprendizaje en el Perú podía pasar del 56% al 76%. Posteriormente, los resultados educativos confirmaron un retroceso importante: en cuarto de primaria, el nivel satisfactorio en matemática cayó del 34% en el 2019 al 23% en el 2022.
Por eso, la prevención no puede reducirse a saber qué escuelas están en riesgo. El verdadero desafío es lograr que esa información se convierta oportunamente en proyectos, presupuesto y obras.
La demora tiene múltiples causas: la articulación entre los distintos niveles de gobierno, las dificultades del sistema de inversión pública y la limitada capacidad para gestionar obras de reconstrucción y reforzamiento. Pero precisamente por ello se necesita revisar cómo se están tomando y ejecutando estas decisiones.
El nuevo gobierno tiene ahora la responsabilidad de acelerar estas intervenciones. No se trata únicamente de incorporar escuelas a una lista de prioridades, sino de lograr que aquellas cuyo riesgo ya ha sido identificado pasen, finalmente, del diagnóstico a la obra.
Porque frente a un gran sismo, una escuela vulnerable no será una sorpresa. La sorpresa sería que, después de tantos diagnósticos y años de espera, todavía no hayamos hecho la obra.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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