Las perlas del presupuesto

El 30 de agosto, el Gobierno presentó al Congreso su presupuesto para el 2026. En una primera lectura, parece bastante responsable con un aumento del gasto nominal de 2,3% con respecto al del año anterior, 0% si se ajusta por la inflación, y con una meta de déficit de 1,8% del PBI, menor a la de 2,2% para este año.

Sin embargo, como si fuera una novela, conforme uno lee los detalles empiezan a aparecer las sorpresas. Una es la asignación entre el gasto corriente y de capital. El primero aumenta en 2,3% en términos reales, mientras que el segundo se contrae en 12,6%; y el de inversión cae en 15,2%, a los niveles del 2022, lo opuesto a lo recomendable. Por ejemplo, según estudios del FMI, por cada sol asignado al gasto corriente el PBI aumenta en solo S/0,50, mientras que en el caso del gasto de capital es S/1,50.

Más difícil de estimar es cómo ha beneficiado el Gobierno a sus regiones preferidas porque estos cambian mucho entre el presupuesto de apertura y el modificado, que se realiza durante el año. Pero si tomamos el primero por región –incluyendo el gobierno regional y municipalidades, y con respecto a su PBI–, no debe sorprendernos que la preferida es Ayacucho, que tiene la segunda mayor asignación, equivalente al 23% de su PBI, después de haber sido 24% y 25% en los dos años anteriores.

Conforme nos adentramos en los detalles, entendemos esta asignación hacia el gasto corriente. La gran mayoría del gasto se dedica a sueldos y salarios, que aumentan en 9,3%, bastante más que el 3% del año anterior. De hecho, esta cuenta absorbería el 36,3% del presupuesto total, bastante más alta que el 28,6% del 2017. Aunque el 51,9% se destina al gobierno nacional, y solo el 40,2% a los regionales y 7,9% a los locales, las tasas de crecimiento de estos últimos aumentan significativamente, al 12,2% y 8,2%, respectivamente.

Sin embargo, el gasto en remuneraciones parece subestimado en el presupuesto cuando consideramos las tres leyes aprobadas recientemente por el Congreso: la del aumento de pensiones de los maestros a S/3.300; la del aumento del aguinaldo de los servidores públicos; y la de las gratificaciones y CTS para los trabajadores CAS. En total, estas aumentan los gastos en remuneraciones en S/12 mil millones y añaden un punto del PBI al déficit fiscal del siguiente año.

Para muchos, los estimados de déficit para este y el siguiente año son irreales. Una forma de ilustrarlo es contrastando los estimados de gastos en sus proyecciones en el marco macroeconómico publicado antes del presupuesto y lo ejecutado hasta agosto. El MEF estima que en el 2025 los gastos corrientes aumentarán en 2,7% y los de capital caerán en 4,8%. Sin embargo, considerando que estos aumentaron en 5,1% y 9% hasta agosto, el MEF estaría esperando que estos se contraigan en 1,3% y 19,5%, respectivamente, lo que parece poco plausible.

Mis propios estimados anticipan un aumento del 6,2% en los gastos corrientes y una caída en 1,6% en los de capital, llevando el déficit a 2,6% este año; el próximo año –considerando los gastos aprobados por el Congreso– llegaría a 3,4%.

Los errores de estimación en los gastos corrientes por parte del MEF no han sido novedad. En los últimos 15 años, en 10 los subestimó; y excluyendo los años de la pandemia, en solo tres los sobreestimó, siendo el más notable en el 2016, cuando en el gobierno de Kuczynski ejecutamos el único recorte presupuestal desde el 2001.

La mayor sorpresa es el tratamiento de los gastos de las Fuerzas Armadas. Estos no aparecen en la ley de presupuesto; es decir, en los gastos, y aparecen directamente en la ley de endeudamiento, con su propia fuente de financiamiento externo. Esto viola toda norma de contabilidad presupuestal que exige que todos los ingresos y gastos sean registrados. Según mis cálculos, estos gastos añadirían 1,2 puntos del PBI al déficit del 2025 y 0,7 al del 2026; es decir, aumentarían el déficit a 3,8% y 4,1%, respectivamente.

Pero parece que esta contabilidad engañosa está siendo la norma en el nuevo MEF, pues algo parecido hicieron en el 2024 con el rescate de US$2.400 millones a Petro-Perú, que fue registrado como una operación de pasivos sin afectar el déficit pues, dicen, se compensó con un aumento patrimonial. Permítanme diferir: un rescate de esta magnitud, sin cobro de intereses, más parece una transferencia directa y, por tanto, debió haberse registrado como gasto y hubiese añadido cerca de un punto del PBI al déficit de ese año, de 3,5%.