El legado de Rafael Correa, por José Sandoval Zambrano
El legado de Rafael Correa, por José Sandoval Zambrano

Con el ánimo de propiciar un debate democrático y pluralista, respondo al editorial , en el que se afirma que “el saliente presidente del Ecuador deja poco más que un triste legado”. Y es que en el de la última década, los datos y estadísticas evidencian una gestión económica al servicio de las necesidades sociales de la mayoría de la población.

Al inicio de su mandato, el presidente recibió un país devastado económicamente, sumido en una corrupción institucionalizada, con la justicia secuestrada y una inestabilidad política alarmante. Sin embargo, la férrea voluntad y política de cambio –reconocida en once victorias electorales seguidas– logró que aproximadamente 1,9 millones de ecuatorianos dejaran de ser pobres y el salario básico pasara de US$170 en el 2007 a US$375 en el 2017. El desempleo promedio ha sido de 4,8%, uno de los más bajos de la región.

El país es más productivo, los recursos provenientes del petróleo son utilizados al servicio de las personas y, pese a los efectos del terremoto de abril del 2016 y a las condiciones económicas externas adversas, se ha mantenido una economía saludable. El PBI pasó de US$23.000 millones en el 2007 a US$102.000 millones en el 2017. Luego de la exitosa renegociación en el sector petrolero, el porcentaje de petrodólares que se quedan para inversión pública pasó de 20% a 81%. La prioridad con estos recursos es garantizar la calidad de vida de la ciudadanía. Por ejemplo, el sueldo de policías, profesores y médicos pasó de un promedio de US$200 en el 2007 a una media de US$900 este año. 

Solamente en educación, desde el 2008 al 2016, la inversión pública en todas las provincias del país ha sido de más de US$22.192 millones. Asimismo, las escuelas públicas reconocidas con estándares internacionales pasaron de cero en el 2007 a 315 el año pasado. El programa de becas internacionales ha beneficiado a más de 20.000 estudiantes que se han preparado en las mejores universidades del mundo.

El legado en salud es auspicioso. En el 2007, el presupuesto fue de US$586 millones, mientras que para el 2015 este sector social ya contaba con un presupuesto anual superior a US$2.517 millones. La tasa de mortalidad infantil era de 10,7 por cada 1.000 nacidos vivos en el 2006 y se aspira que en este año llegue a 6 (cifra similar a la de los países desarrollados). En lo que respecta a consultas médicas, se ha pasado de 16 millones en el 2006 a más de 42 millones en el 2016, de las cuales, en la última década, cerca de 100.000 atenciones gratuitas han sido para ciudadanos peruanos.

La inversión en seguridad, salarios para los policías –de los mejores pagados en la región–, la exitosa reforma judicial y la modernización penitenciaria se reflejan en la baja ostensible del índice de criminalidad. De más de 17 muertes violentas por cada 100 mil habitantes en el 2006, descendió a 5,6 en el 2016. Es la más baja en los últimos 36 años, y convierte a Ecuador en un país seguro (en segundo lugar en América Latina).

El proceso político liderado por el actual gobierno ecuatoriano respalda, promueve y defiende la libertad de expresión pero en su nombre no justifica el engaño, la injuria y el uso antiético de medias verdades. En estos diez años, independientemente de los constantes intentos de desprestigio y de posicionar percepciones distorsionadas por parte de algunos medios, ni un solo periodista ha tenido restricciones por diferencias o discrepancias políticas. A diario circulan editoriales, reportajes, comentarios en redes sociales y otras plataformas de comunicación que se han producido y siguen difundiéndose con total libertad. La acusación de que el Estado “controla” 43 medios es totalmente infundada. En Ecuador, desde hace décadas, los sectores privados poseen el 91% de los medios de comunicación.

El Gobierno ecuatoriano rechaza y combate toda forma de corrupción. A diferencia de gestiones anteriores en las que abundaba la deshonestidad y la impunidad, las propias autoridades han investigado y denunciado anomalías, inclusive asumiendo un costo político. Actualmente están en ejecución procesos judiciales y alertas internacionales para la detención de implicados en actos de corrupción. La voluntad gubernamental de desmontar los delitos de cuello blanco está a la vista de la opinión pública y adquiere un alcance más allá de las coyunturas mediáticas. Por ejemplo, se ha ofrecido todo el apoyo a la justicia nacional e internacional para transparentar el contrato de la Alcaldía de Quito con Odebrecht para la construcción del metro, el único proceso vigente con esa empresa en el país.

Todos estos avances distan mucho de lo que afirma el que respondo. El presidente Rafael Correa deja un legado positivo y promisorio. 

TAGS RELACIONADOS