Límites de la protesta y cómo responder, por C. Guzmán Barrón

¿Qué entendemos por protesta? ¿Existe un derecho a la protesta? Consideramos que sí. 

La protesta es la expresión de una situación de disconformidad o desacuerdo en relación con una situación que es percibida como negativa por un grupo social, entonces este grupo decide exteriorizar su disconformidad a través de concentraciones públicas. En este sentido, tanto el derecho a la libertad de expresión como el derecho a la libertad de reunión se encuentran reconocidos por instrumentos internacionales y por nuestra Constitución. Sin embargo, la libertad de reunión encuentra un límite intrínseco al ejercicio de todo derecho, citando al filósofo francés Jean-Paul Sartre: “Mi libertad se termina donde empieza la de los demás”, y efectivamente la libertad de reunión encuentra su límite de ejercicio en la forma en que se realiza, pues esta debe ser “pacífica, sin armas”, por antítesis, entonces, el límite del ejercicio de este derecho lo constituye la violencia. 

En los recientes sucesos de Andahuaylas, se evidencian dos situaciones que valen la pena señalar. Primera: se refuerza la percepción de la población que entre más violenta se protesta, más rápido será atendido mi reclamo por parte del Estado, práctica que se refuerza con la ocurrencia de casos donde el Estado ha cedido frente a actos de violencia asumidos por la población. Y segunda: muestra que el Estado aún no está suficientemente preparado para prevenir conflictos, pues interviene cuando estos se encuentran ya en etapa de crisis y no en una fase temprana. En Andahuaylas los reclamos de la población en relación con el incremento de las tarifas eléctricas se vienen dando hace meses, sin respuesta de la empresa ni del Estado. Para ello, se requiere un Estado en permanente seguimiento de los conflictos en fase inicial y latente, con especial atención a los reportes mensuales que emite la Defensoría del Pueblo y la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros. 

Estos escenarios de violencia que se repiten nos hacen pensar en la urgencia de desarrollar una institucionalidad con suficientes competencias de parte de los gobiernos regionales en que suelen realizarse este tipo de acciones. Es decir, los gobiernos regionales deberían asumir la responsabilidad de atender y prevenir este tipo de conflictos con la autoridad que les corresponde, más aun cuando el proceso de descentralización les ha conferido facultades que antes no tenían. Se trata, por tanto, de fortalecer la institucionalidad en nuestro país, tarea de largo aliento, que debería empezar por establecer formalmente procedimientos claros y etapas definidas de pleno conocimiento de la población, ante situaciones que consideren injustas, como en el caso de Andahuaylas, para la atención de sus reclamos en forma oportuna y eficiente. Así, se generarían espacios de diálogo y de relación positiva con la población. 

Por otro lado, para evitar la violencia, es indispensable desarrollar una política de atención de los conflictos antes, durante y después de los mismos. En el antes, ya hemos referido los reportes mensuales sobre conflictos sociales, pero a su vez se requiere de aquellos que en particular pueden conocer los propios gobiernos regionales, en la medida que opere un procedimiento de atención de reclamos. En el durante, se debe emplear el diálogo, que implica escuchar y responder según las normas y las competencias. Por último, en el después, hay que establecer sistemas de seguimiento y vigilancia que permitan advertir el grado de cumplimiento de los compromisos asumidos. Esta conducta facilitará, a su vez, generar no solo legitimidad en las diversas instancias del gobierno, sino además crear confianza.

El caso de Andahuaylas, como en otros conflictos que han desencadenado en violencia, evidencian problemas estructurales que van más allá del discurso, la falta de planificación del desarrollo del país por parte del Estado. Si el Estado asumiera la responsabilidad del planeamiento en sus tres niveles de gobierno (nacional, regional y local), atendiendo a su deber constitucional de actuar en la promoción del empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura, es muy probable que no se requiera recurrir a la violencia para lograr la atención de estas necesidades básicas.