El presidente José María Balcázar se encuentra en un tiempo complejo. A unos 40 días de las elecciones presidenciales y congresales, con un recientemente instalado gabinete (que debe pedir la confianza del Congreso de la República) y con una serie de declaraciones, actos y procesos que ya tenía en su haber.
En el medio de dichos procesos deberá enfrentarse a las elecciones que reinstalarán el Senado, pero también a la convocatoria a las elecciones municipales, provinciales y regionales. Ya de por sí un ambiente que cambiará la dinámica política de los próximos años en el Perú.
Sin embargo, su relación con la prensa no ha sido la más auspiciosa. Desde enfrentamientos con la prensa que le recuerdan sus propios dichos, frases y afirmaciones (varias sostenidas aún en fechas recientes) hasta impedimentos de ingreso a la ceremonia de nombramiento del nuevo Gabinete, pasando por ásperas relaciones con periodistas que le cuestionaban sus posiciones en determinados temas.
Es claro que el presidente debe tener la transparencia como base de su accionar y también tener un respeto irrestricto por la libertad de expresión y de prensa, que son precisamente los pilares sobre los cuales la ciudadanía ha construido su control sobre el poder público en los últimos años. Ciertamente que luego se han derivado en investigaciones congresales, fiscales, judiciales o vacancias, pero debe reconocerse los puntos de inicio y fuentes primigenias en las investigaciones de la prensa libre.
Y es aquí donde el presidente debe adherir los principios de las Declaraciones de Chapultepec y Salta de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), además de abrir los espacios de diálogo permanente con la prensa nacional e internacional, y de todos los formatos. No se trata solo de decir “respeto la libertad de prensa y de expresión”; se trata de acciones concretas que puedan demostrar que el gobierno del presidente Balcázar va más allá del mero discurso, para efectivamente actuar en pro del ejercicio pleno de estos derechos.
No son muchos meses los que estará al frente del gobierno (si es que no lo vacan o sacan antes), pero tiene en su control el poder demostrar que actúa en respeto del derecho y de las garantías constitucionales, así como de los acuerdos internacionales, que tienen como base de la democracia precisamente a la libertad de expresión y de prensa.
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