Más allá de la ley de emergencia, por Víctor García Toma

La historia registra una estólida cavilación formulada por Francisco Franco: “Estábamos al borde del abismo, hoy hemos dado un paso hacia adelante”.

Con la misma perspicacia intelectual, el fiscal de la Nación sorprendió a la ciudadanía antes de Año Nuevo con decisiones que le han apresurado el paso hacia la puerta de salida de su institución.

Ello generó la indignación y el desconcierto general, ante lo cual, perspicazmente, el presidente, dando muestras de buen ajedrecista en el tablero político, se presentó físicamente en el Congreso y exigió que con celeridad y bajo la velada amenaza de hacer cuestión de confianza, se apruebe a la garrocha una ley que declare en emergencia al Ministerio Público y suspenda en sus funciones al fiscal de la Nación y demás miembros de la Junta de Fiscales Supremos.

En lo relativo a lo primero, la tramitación con carácter de urgencia se encuentra prevista en el artículo 105 de la Constitución; en cuanto a lo segundo, esto sería viable en la medida en que el Tribunal Constitucional ha validado la cuestión de confianza a la aprobación de una ley adscrita a una política de Estado; empero, no ha “santificado” que se obligue al Congreso a aprobar una ley inconstitucional.

El contenido de la iniciativa legislativa afecta la autonomía del Ministerio Público, en la medida en que esta aparece como garantía institucional que indica la efectividad de un órgano para administrarse con discrecionalidad dentro del marco de la Constitución y su ley orgánica.

No cabe que otro órgano interfiera en sus actividades, por más fructuosos que sean sus objetivos; amén, que tampoco es jurídicamente viable separar o suspender del cargo a sus autoridades si no media, conforme al derecho, una sanción disciplinaria, una determinación de infracción constitucional, una determinación de haber lugar de causa penal por la comisión de un ilícito en el ejercicio de la función o una resolución de no ratificación en el cargo.

No obstante lo expuesto, la iniciativa presidencial permite abrir una discusión de mayor calaje que contribuiría a solucionar la crisis que azota al Ministerio Público. Ello no solo se evidencia en la pérdida de autoridad y legitimidad, sino que además hace hincapié en un serio déficit de idoneidad.

Se trataría de aprobar por ley orgánica una reestructuración dentro del marco de la Constitución, que implicaría una redefinición, priorización o modificación de funciones y armazón institucional; y una reorganización que conlleve una modificación de la forma de cumplir sus fines y objetivos.

En ese contexto, es viable que en sus disposiciones finales y transitorias se puedan adoptar algunas medidas de carácter temporal sobre las altas autoridades de la institución, de cara a consolidar la nueva estructura y organización de dicho ente.

Dejar, como pretende el proyecto presidencial, que la tarea reestructuradora y reorganizadora la realicen los adjuntos de los fiscales supremos es desconocer que históricamente todas las reformas en el sistema judicial han fracasado con fruición y sin apocamiento alguno. A la manera de Groucho Marx, ha sucedido que dichos procesos se han hecho con un gran esfuerzo y que han pasado de la nada a las más altas cotas de lo mismo.

En el ínterin, cumplida la inevitable e indetenible salida del fiscal de la Nación ya sea por renuncia, pérdida de confianza de su junta o destitución por el Congreso, la institución debería ser conducida bajo encargo por el fiscal supremo más antiguo o por aquel o aquella que sea elegida entre pares. Por cierto, es una regla no escrita que el designado no debería tener mácula o desmérito alguno ante la opinión pública. Ello, por sentido común y vocación de supervivencia.

El proyecto presentado con hábil oportunidad política, sin embargo, en lo técnico, necesita un proceso de mejora no solo sobre el enfoque planteado, sino en lo estrictamente prescriptivo, pues más allá de los bombos y platillos se nota su hechura al tuntún, erudición a la violeta y dando palos de ciego.

Una apostilla necesaria al equipo a cargo del Caso Lava Jato, el cual ha recibido un merecido aval ciudadano: no se hace necesario cumplir su labor parodiando a ‘Cachín’. Basta ya de luces, cámara, acción.