Hacia una agenda poscrisis, por Pablo de la Flor

La crisis política que ha vivido nuestro país y su inevitable desenlace ponen otra vez de manifiesto la profunda precariedad de nuestro débil entramado institucional; y hacen más urgente que nunca la necesidad de instituir un programa ambicioso de reformas que, convocando el concurso de distintos grupos, nos permita superar la polarización y el inmovilismo imperantes. 

No solo se trata de atajar la creciente pérdida de legitimidad de nuestras instituciones y recobrar la confianza ciudadana, sino de crear un entorno de estabilidad y predictibilidad que permita impulsar el dinamismo económico y fomentar el crecimiento. 

Esta crisis se presenta como una gran oportunidad para impulsar los cambios que el país requiere. La lucha sin cuartel contra la corrupción debe convertirse en uno de los principales ejes de actuación de la nueva administración del presidente Vizcarra, una vez que se produzca su investidura. Se dispone de planes y propuestas en materia de políticas públicas (incluyendo varias de la Comisión de Integridad) y, lo más importante, se cuenta con un mandato ciudadano contundente para implementarlas. 

En el frente económico, tenemos que nuestro crecimiento resulta mediocre a pesar de que en la actualidad gozamos de condiciones internacionales auspiciosas, producto de la expansión acelerada de la economía global y los altos precios de los metales. Este año los países emergentes están creciendo a un ritmo de 4,5%, mientras nuestro país apenas estaría bordeando el 2,5-3,5% debido a la inestabilidad política. La administración Vizcarra deberá impulsar medidas que nos permitan facilitar la inversión (privada y pública) y enfrentar los problemas estructurales de larga data que limitan la competitividad de nuestras empresas y ralentizan el crecimiento. La colaboración con el Congreso resultará vital. 

Tres son los temas más urgentes. En primer lugar, no podemos seguir ignorando la problemática laboral generada por la persistencia de uno de los regímenes más rígidos del mundo, responsable de penalizar la generación de empleo y marginar sobre todo a los jóvenes más vulnerables, quienes se ven condenados a ocupar plazas de baja productividad en el sector informal. La reforma laboral requiere de un complejo esfuerzo de ingeniería política que debiera impulsarse desde el Ejecutivo en colaboración con el Congreso. 

De otra parte, si bien es cierto que se ha avanzado en la identificación y eliminación de barreras administrativas, hace falta profundizar el desmontaje de la asfixiante trama de requisitos y exigencias administrativas absurdas que, sin generar valor alguno, desincentivan los emprendimientos, castigan a los ciudadanos y –paradójicamente– dificultan la propia inversión pública. Muestra de esto último son los procesos enrevesados que han hecho imposible que la reconstrucción del norte avance a los ritmos deseados.  

Otro ámbito que requiere apuntalar el impulso transformador es el electoral. Necesitamos establecer los mecanismos necesarios para evitar que prime la informalidad en los procesos y asegurar el saludable funcionamiento de nuestro sistema de representación política. El Congreso cuenta con varias propuestas que fueron lamentablemente archivadas en su momento y que debieran ser nuevamente priorizadas.  

Para impulsar estas reformas, se vuelve indispensable replantear con urgencia la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo a fin de despejar la polarización y animosidad extrema que han caracterizado la relación entre ambos poderes durante este último año y medio. La gobernabilidad del país depende de la capacidad que tengan el gobierno y los grupos políticos representados en el Parlamento para ponerse de acuerdo en una agenda mínima de trabajo conjunto.  

En ese propósito resultará vital que el nuevo presidente convoque un Gabinete amplio, plural y dialogante. 

* El autor ha sido presidente de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios ( 2017 ) y es actualmente gerente general de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.