"En el 2020 partimos con una desventaja en cobertura y uso de Internet respecto a países como Chile y Colombia". (Ilustración: Giovanni Tazza).
"En el 2020 partimos con una desventaja en cobertura y uso de Internet respecto a países como Chile y Colombia". (Ilustración: Giovanni Tazza).
/ Giovanni Tazza
Camilo  Carrillo

La pandemia nos ha dado una dura lección sobre la necesidad de tener buenos servicios públicos de , algo que no era prioridad del sector público. Lo que para algunos significa mejorar su conexión con el entorno familiar o laboral, para otros significa asistir al colegio o perder el año por no contar con los medios ni la cobertura requerida para las clases virtuales.

En el 2020 partimos con una desventaja en cobertura y uso de Internet respecto a países como Chile y Colombia (82% y 69% de sus poblaciones usan Internet, respectivamente; en el Perú, 60%), lo que ha tenido impacto en la capacidad del sector privado y público para continuar sus operaciones desde que comenzó la crisis. Basta comparar el número de registrados antes de la pandemia en Chile (500 mil), Colombia (31 mil) y Perú (apenas 2.116), y mirar el número de niños que hoy asiste a clases virtuales en estos países, para dimensionar el tamaño de la brecha digital entre ellos.

Frente a este panorama, el Gobierno mostró avances con la emisión del Decreto Supremo 008-2021-MTC, que permite emplear una nueva metodología de renovación de títulos habilitantes de servicios públicos de telecomunicaciones y actualiza los métodos de evaluación del cumplimiento de obligaciones. Luego de prepublicar la norma por dos años consecutivos y tener solicitudes en trámite pendientes desde hace ocho años (lo que generaba poca predictibilidad e impidía el aumento de inversiones), la nueva metodología apunta a simplificar el procedimiento e incrementar los beneficios a la población mediante la renovación de las concesiones. Entre los cambios está el de mejorar la predictibilidad de la evaluación, diferenciando los procesos entre los distintos tipos de operadores: a los grandes se les evalúa por sus incumplimientos en los niveles de servicio, mientras que a los pequeños se les evalúa según el incumplimiento de pagos de tasas y otros aportes de regulación.

Otro cambio a destacar, y quizás el más relevante, es que modifica el enfoque punitivo anterior (que reducía tiempo de concesión ante distintos incumplimientos o penalidades) por uno de incentivos. Este no solo simplifica el cálculo de las penalidades, sino que las reduce en caso las empresas concesionarias muestren mayores inversiones en tecnología 4G o un mayor aumento en el número de zonas cubiertas, lo que lo alinea a los objetivos del sector.

Con estas medidas, se espera lograr en el 2021 al menos S/450 millones de compromisos de inversión en tecnología móvil 4G y ampliar la cobertura de servicios de telecomunicaciones al menos a 829 nuevas localidades, lo que se traduce en conectar al menos a 320 mil ciudadanos en zonas rurales.

Esta mejora en las reglas de juego se complementa con el Decreto Supremo 004-2021-MTC publicado en enero, que actualiza la fórmula de cálculo del canon móvil, lo que generará un incremento de 12% en el monto de canon recaudado al 2023 por el uso del espectro radioeléctrico. Acorde con la nueva lógica del , esta norma establece incentivos para que los operadores puedan destinar hasta el 40% del monto de canon hacia mayores inversiones en infraestructura con tecnología 4G para cerrar la brecha digital a lo largo, aumentando la cobertura de los servicios de telecomunicaciones en zonas rurales. Con esta iniciativa, el MTC busca alcanzar inversiones adicionales por S/130 millones en el 2021 y beneficiar a más de 200 localidades rurales, muy por encima de los resultados obtenidos en años previos bajo este mecanismo.

Normas modernas, enfocadas en la ampliación del servicio y que priorizan a las poblaciones más alejadas, representan los primeros pasos para lograr un Perú más conectado, lo que hoy se traduce en un país con mayores oportunidades para todos.