(Ilustración: El Comercio)
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Lina Arenas

Psicóloga social

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Todos los años alrededor de estos meses, el Congreso y el Ministerio de Economía se enfrascan en discusiones feroces por el presupuesto de la República. Poco sabe la ciudadanía de ellas pues ocurren a puertas cerradas. Sin embargo, este año algo cambió. En sus últimas horas a la cabeza del MEF, María Antonieta Alva publicó un hilo de tuits comentando algunos hitos de su gestión. En uno de ellos soltó la perla: el portal web del MEF hacía de conocimiento público las propuestas de repriorización de gasto que, en el marco de sus funciones, el Legislativo realiza a uno de los proyectos de ley más importantes que el Ejecutivo le entrega. Este proyecto de presupuesto contiene, entre sus capítulos y anexos, al famoso anexo 5, que para los entendidos y en buen cristiano, es el listado de proyectos de inversión a ser financiados para el siguiente año fiscal. Es la primera vez que la información sobre las “sugerencias” de los congresistas se publica.

Diversos medios, incluido este Diario, han reportado sobre potenciales conflictos de interés y lobbies –saludables o no– que la negociación del anexo 5 genera. Esta innovación en datos abiertos abre la caja de Pandora para la ciudadanía, los medios y los centros de investigación, para analizar y fiscalizar de manera concurrente el proceso de aprobación del presupuesto. La iniciativa podría considerarse como una de las más disruptivas, orientadas a la transparencia, y de potencial mayor alcance como política anticorrupción del Ejecutivo. Es oro en polvo.

Existen tres puntos clave para ser analizados en adelante: (i) asegurarnos de que los proyectos que se presentan respondan realmente a las necesidades de las regiones y no a intereses personales; (ii) que lo técnico prevalezca antes que lo político, pues como han revelado la bases de datos publicadas, muchos pedidos ni siquiera han sido coordinados previamente con las carteras ministeriales, lo que implica que probablemente no sean viables y nunca vean la luz, a pesar de que se cuente con dinero separado para ellos; (iii) que exista trazabilidad en el proceso de ejecución de un proyecto. Es decir, que los recursos y partidas puedan ser analizados en detalle, y que se vigile que las adjudicaciones futuras asociadas a cada proyecto no estén vinculadas a alcaldes, gobernadores, congresistas o a sus entornos. Es vital promover esta agenda de investigación –periodística y académica– a futuro.

Si bien publicar la información sobre las propuestas de los parlamentarios al presupuesto es una excelente iniciativa por parte del Ejecutivo, se requieren mecanismos para blindar esta buena práctica. Un primer paso, evidentemente, es que se emitan normativas para que esto suceda cada año. Un segundo punto, quizá el más importante, es que se establezca un ‘zar’ de vigilancia presupuestal, que garantice un contrapeso entre los poderes del Estado en esta materia. En países como Chile, el Observatorio Fiscal, trabaja de manera independiente con data presupuestal y documental, para mostrar a la ciudadanía el uso y la calidad del gasto público. Finalmente, la participación de la sociedad civil es clave para generar mecanismos de afinamiento de esta buena práctica de gestión pública y de preservación de la misma en la agenda pública; así como para seguir movilizando el incremento de interés en la vigilancia ciudadana a los políticos, que esta coyuntura de tensión entre Legislativo-Ejecutivo ha suscitado en las nuevas generaciones. Nos han dado un elemento clave y potente de fiscalización, está en nuestras manos no desaprovecharlo.