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Mejoremos el control, por Gustavo Beramendi

"La contraloría se ufana de haber responsabilizado, en promedio, a 24 funcionarios por día mediante la emisión de 102.345 informes de control. Vaya mérito".

Gustavo Beramendi Galdós Abogado, consultor y árbitro

Contralor

Un proyecto de ley presentado por la Contraloría General de la República propone la inaplicación del beneficio de defensa y asesoría con cargo a los recursos del Estado para funcionarios que enfrenten procesos o investigaciones basados en recomendaciones del órgano nacional de control.

"La función de la contraloría tiene como finalidad principal orientar las acciones del Estado en procura del logro de sus objetivos, así como velar por la legalidad en el ejercicio de la función pública". (Fotos: Archivo)

Un proyecto de ley presentado por la Contraloría General de la República propone la inaplicación del beneficio de defensa y asesoría con cargo a los recursos del Estado para funcionarios que enfrenten procesos o investigaciones basados en recomendaciones del órgano nacional de control.

La lucha contra la corrupción, grave problema que afecta el desarrollo del país y amenaza la legitimidad del Estado, suele provocar actitudes facilistas que buscan el aplauso de la platea. El lenguaje pomposo, cargado de moralinas y lugares comunes es el más fácil recurso al que se echa mano para ocultar la carencia de una estrategia inteligente que permita instaurar la probidad en el manejo de la cosa pública. Sin resultados concretos, el discurso anticorrupción termina desgastándose y perdiendo real sentido.

La función de la contraloría tiene como finalidad principal orientar las acciones del Estado en procura del logro de sus objetivos, así como velar por la legalidad en el ejercicio de la función pública. Pero cuando el ejercicio de dicha función no está adecuadamente delimitado ni dotado de rigor, crea dos grandes problemas: por un lado, se convierte en una traba permanente de la gestión pública y, por otro, se erige en un mecanismo perverso que ahuyenta lo mejor del funcionariado público, creando una zozobra que paraliza la toma de decisiones y confundiendo errores administrativos con auténticos robos. Esta quizá sea la razón por la cual tan pocos “peces gordos” han caído en los últimos años, entretenidos como están nuestros fiscalizadores en detectar nimiedades burocráticas.

Un notable ejemplo de esto último se encuentra en el rimbombante informe de la gestión de los últimos seis años del ente fiscalizador: cerca de 70 mil funcionarios fueron acusados de cometer alrededor de 200 mil irregularidades que los harían responsables civil, penal o administrativamente. La contraloría se ufana de haber responsabilizado, en promedio, a 24 funcionarios por día –es decir, uno por hora– mediante la emisión de 102.345 informes de control, a un promedio de 39 informes por día. Vaya mérito. ¿Percibe usted que tan abultadas cifras sirvieron para desterrar en algo la corrupción?

El gran problema es que tras la engañosa estadística no subyace un trabajo rigurosamente técnico, sino, en gran medida, uno que privilegia el formalismo, que no separa adecuadamente la paja del trigo y que se basa en criterios legalistas extremos. Esta es la razón por la que fracasan muchos juicios que promueve la contraloría.

Por la senda que transita dicha institución, en lugar de ganar respetabilidad frente a los ojos de los usuarios y de la ciudadanía en general, se termina devaluando el concepto del control gubernamental y se propicia su creciente desprestigio, lo que genera, además, temor en la toma de decisiones.

No es un secreto que muchos arbitrajes del Estado se originan por el temor de los funcionarios de reconocer legítimos derechos de los contratistas solo porque dichas decisiones pueden luego ser objeto de reparos por los fiscalizadores, que utilizan criterios inadecuados y formalistas. En tal escenario, es más cómodo que sean los árbitros quienes reconozcan los derechos del contratista. Aunque esto resulta más costoso para el erario, libera al funcionario de todo temor. A este punto hemos llegado con el modelo vigente. Paradójicamente, la corrupción campea, especialmente en la contratación pública.

Para corregir estos problemas es necesario que, vía norma legal, se obligue a que la función de la contraloría no se agote en el cuestionamiento de meras formalidades burocráticas intrascendentes y que se aboque, seria y profesionalmente, a combatir la irrespirable corrupción donde está realmente enquistada. En la misma línea, es necesario que se le exija un ejercicio ponderado de su facultad de emitir observaciones o reparos en la gestión, solo cuando sea realmente necesario. Correlativamente, debe prohibirse que los encargados de tomar decisiones requieran opiniones previas de la contraloría, salvo excepciones establecidas taxativamente.

La coyuntura se muestra favorable para discutir seriamente la instauración de un modelo institucional del control gubernamental distinto. La contraloría no tiene por qué no ser una isla de excelencia. Existen valiosísimos cuadros técnicos que deben preservarse y que solo requieren de un liderazgo moralmente incuestionable, saludablemente apartado de tentaciones de protagonismo político y que no esté vinculado a gestiones pasadas.

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