La minería informal e ilegal se ha convertido en uno de los temas más sensibles del debate público. Las recientes declaraciones de los excandidatos a la presidencia pusieron sobre la mesa propuestas orientadas a flexibilizar requisitos para la pequeña minería y la minería artesanal, reabriendo una discusión que trasciende lo económico y alcanza dimensiones ambientales, tributarias, penales e institucionales.
Sin embargo, antes de analizar dichas propuestas, resulta indispensable distinguir entre minería informal y minería ilegal, conceptos que con frecuencia se utilizan como sinónimos pese a tener alcances jurídicos distintos.
La minería informal es aquella desarrollada por personas naturales o jurídicas que operan en zonas permitidas y se encuentran en un proceso de formalización. En cambio, la minería ilegal se configura cuando la actividad extractiva se realiza al margen de los requisitos mínimos establecidos por la ley, como la inscripción en el Reinfo, la acreditación de derechos sobre el terreno o la concesión minera correspondiente, así como la aprobación de los instrumentos ambientales exigidos.
Esta distinción es relevante porque algunas propuestas del proceso electoral pareciera que parten de una premisa equivocada: que la reducción de controles y exigencias facilitará automáticamente la formalización. Por el contrario, existe el riesgo de que determinadas medidas terminen consolidando espacios de impunidad y debilitando los mecanismos de supervisión estatal.
Uno de los planteamientos más preocupantes es la posibilidad de aplicar esquemas de aprobación automática con fiscalización posterior para determinadas actividades mineras. Esta propuesta desconoce que la minería es una actividad de alto riesgo ambiental y social, cuyos impactos pueden ser irreversibles. Además, resulta difícil sostener la eficacia de una fiscalización posterior cuando los propios gobiernos regionales, responsables de supervisar la pequeña minería y la minería artesanal, enfrentan severas limitaciones de personal, presupuesto y capacidad operativa. En tales condiciones, flexibilizar el control previo equivaldría a asumir riesgos que el Estado no está en capacidad de corregir posteriormente.
También genera preocupación la propuesta de establecer períodos de “sinceramiento” o “gracia” para que operadores mineros declaren recursos o transacciones realizadas fuera del sistema financiero. Desde la perspectiva de la prevención del lavado de activos, una medida de esta naturaleza podría convertirse en un mecanismo de legitimación de capitales de origen ilícito. No debe perderse de vista que la minería ilegal moviliza importantes flujos económicos cuya incorporación al circuito formal exige precisamente controles más rigurosos, no excepciones regulatorias.
En la misma línea, los planteamientos de flexibilización tributaria y contable requieren un análisis particularmente cuidadoso. La contabilidad y el cumplimiento de obligaciones tributarias no constituyen simples cargas burocráticas; son herramientas esenciales para garantizar la trazabilidad de las operaciones económicas, prevenir la evasión fiscal y detectar posibles esquemas de lavado de activos. Relajar estos estándares sin mecanismos efectivos de control podría generar incentivos perversos y profundizar los problemas que se pretende resolver.
El próximo gobierno deberá asumir una decisión que ha sido postergada durante años: poner fin a la lógica de las prórrogas indefinidas del Reinfo y establecer un proceso de formalización con plazos claros y exigibles. Quienes realmente buscan incorporarse a la economía formal deben contar con procedimientos más eficientes y asistencia técnica adecuada; quienes no cumplan los requisitos mínimos dentro de un plazo razonable no deberían continuar desarrollando la actividad bajo el amparo de mecanismos transitorios que, en la práctica, han servido como cobertura para la ilegalidad.
Paralelamente, resulta indispensable fortalecer las capacidades de los gobiernos regionales, de las fiscalías especializadas en materia ambiental y de las entidades encargadas de la fiscalización minera. Sin instituciones sólidas, cualquier política de formalización estará destinada al fracaso.
El verdadero desafío no consiste en ofrecer mensajes populistas o promesas de flexibilización indiscriminada, sino en construir un modelo que facilite la formalización de los operadores legítimos sin renunciar a los estándares mínimos de transparencia, fiscalización y protección ambiental que exige un Estado de derecho.
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