¿Dónde están los defensores de los derechos humanos?

Desde finales del siglo pasado, la industria minera en el Perú ha experimentado un desarrollo intensivo, especialmente en el ámbito de la exploración, incorporando métodos sofisticados para la detección de depósitos minerales. Posteriormente, con la construcción y puesta en operación de modernas minas, el país ha sido testigo de una serie de protestas sociales.

Las razones de estas protestas han girado principalmente en torno a dos grandes preocupaciones: los derechos humanos y el medio ambiente. Han sido numerosas las movilizaciones masivas contra proyectos como Tía María, Conga, Yanacocha, Tambogrande, Las Bambas, Tintaya, entre otros.

Hoy en día, enfrentamos una realidad distinta, pero igual de alarmante: la proliferación de la minería artesanal e ilegal, donde miles de trabajadores operan en condiciones infrahumanas. Ellos están expuestos no solo a enfermedades profesionales causadas por humos y polvos, sino también a riesgos extremos para sus vidas. Manipulan explosivos sin ningún tipo de capacitación ni control, los almacenan en lugares inadecuados y son obligados a utilizarlos sin preparación técnica alguna. Comunidades indígenas, campesinos y pastores son violentamente desplazados de sus tierras por estas actividades.

En muchos casos, estas operaciones ya no son pequeñas ni carentes de recursos. Disponen de maquinaria pesada como cargadores frontales, retroexcavadoras, tractores, perforadoras hidráulicas y camiones. Es decir, cuentan con el capital necesario para cumplir con la ley. Sin embargo, sus impactos ambientales son devastadores: generan desmontes que destruyen manantiales, provocan la formación de aguas ácidas cargadas de metales pesados y realizan excavaciones que exponen sulfuros, agravando la contaminación. Por último, si no se hace algo pronto, nos dejarán pasivos ambientales que tendremos que remediar con dinero de todos los peruanos.

He escrito varios artículos sobre esta problemática, y debo confesar que, como peruano, me resulta inaceptable el abuso sistemático hacia estas personas. Por ello, hago un llamado urgente a los sindicatos, a las organizaciones de la sociedad civil y a todas las entidades que se dicen defensoras de los derechos humanos: exijamos que, en un plazo perentorio, todos los trabajadores de estas operaciones estén cubiertos por un seguro de alto riesgo.

Este seguro ya existe: el seguro complementario de trabajo de riesgo, obligatorio en la minería formal, protege contra enfermedades profesionales, otorga cobertura por incapacidad permanente y brinda un seguro de vida en caso de accidentes laborales.

Exigir su implementación debe ser el primer paso hacia cualquier proceso de formalización minera. Estos trabajadores no buscan otra cosa que llevar sustento a sus hogares. Garantizarles un mínimo de protección es lo menos que podemos hacer como sociedad.