Mis razones sin censura, por Miguel Ángel Torres

La experiencia frente a una interpelación y una censura ha sido, por decir lo menos, intensa. Llena de referencias del pasado y del análisis del presente. En ese contexto, muchas personas se acercaron preocupadas por el significado que estos actos tenían. Algunos indignados por el intento de intimidar a los congresistas, a través de declaraciones en el extranjero, con “cuestiones de confianza” y, por qué no decirlo, por algunas campañas mediáticas. Otros, preocupados porque esto encubriera intereses ocultos o porque signifique una irracional y obstruccionista demostración de poder.

Para ambos grupos, van las siguientes líneas, cuyo objetivo es aclarar, sin apasionamientos, las razones que a muchos colegas y a mí nos llevaron a apoyar la censura del señor Saavedra.

Los ministros de Estado, conforme lo establece nuestra Constitución, asumen, además de gestionar una cartera, la responsabilidad política de la administración de los asuntos de su ministerio. Es decir, que, más allá de ser responsables en términos penales, tienen una responsabilidad directa por lo que sucede en la gestión de su sector. Así pues, estoy convencido de que al igual que otros ministros censurados, como Valentín Paniagua, Francisco Miró Quesada Cantuarias o Javier Alva Orlandini, el ministro de Educación no ha sido censurado por ilícitos penales que se le puedan atribuir de manera personal, sino por sus errores u omisiones de carácter político.

En efecto, en el caso del señor Saavedra la responsabilidad política que se ha hecho efectiva a través de la censura, ha sido por: 1. La poca convicción para enfrentar la corrupción que ha campeado en su sector, en casos como el cobro de coimas para la adquisición de computadoras y la ejecución de proyectos de infraestructura. 2. La ineficiente gestión presupuestal, evidenciada en la ejecución, según nuestros cálculos, de solo el 31,6% del presupuesto para la adquisición de activos no financieros que la ley asignó a ese ministerio (y que es el más alto que ha tenido). 3. Los deficientes resultados que mantenemos en los niveles educativos, demostrados no solo con la evaluación PISA, sino también por el Ránking de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, que nos ubicó entre 138 países en el puesto 131 para la calidad de la educación primaria, en el 133 para la calidad en matemáticas y ciencia, y en el 127 para la calidad del sistema educativo superior. 4. Por su ineficiente gestión en torno a los Juegos Panamericanos, porque, a pesar de haber transcurrido 3 años, lo avanzado es prácticamente inexistente.

Razones, como puede verse, existieron.

Sin duda hubiese sido más favorable que el señor Saavedra siguiera el ejemplo de notables ministros que prefirieron, haciendo docencia política, dar un paso al costado. Solo para ilustrar lo señalado, sería bueno recordar el caso del ministro José María de la Jara y Ureta, ministro del Interior del segundo gobierno de Belaunde, quien tuvo la entereza moral y la grandeza de espíritu para no aferrarse al cargo y asumir la responsabilidad política que le correspondía luego de la muerte del estudiante Antonio Yarbes, durante una protesta disuelta por la policía en Cusco, en 1981. De la Jara y Ureta no esperó una interpelación o una censura, comprendió que sin ser el responsable penal de los hechos, debía asumir la responsabilidad política de lo sucedido y dimitió oportunamente.

La censura del señor Saavedra no tuvo que ver con la intención de derogar la Ley Universitaria, lo que puede hacerse con una mayoría simple en el Congreso, pero eso, estoy ahora convencido, solo podrá demostrarse con el tiempo. Tampoco debe ser vista como una manifestación de poder obstruccionista, pues estoy seguro de que, al igual que lo sucedido con la investidura del Gabinete Zavala, la delegación de facultades, la aprobación del presupuesto y demás normas consensuadas, en los próximos meses el Congreso evidenciará que mantiene un actuar responsable, constructivo y acorde con la necesidad de gobernabilidad y desarrollo de nuestro país.

La censura tuvo que ver, más bien, con el ejercicio democrático de la facultad que tiene el Parlamento de cumplir con su deber de fiscalización, pues no solo hemos sido elegidos para legislar y representar, sino también para fiscalizar y permitir de esta manera que el Gobierno recuerde que no tiene un cheque en blanco para gobernar, porque estaremos pendientes de que se mantenga orientado en la búsqueda del bienestar de todos los peruanos.