No más “combis políticas traferas”, por Paula Muñoz

Antes que nada, lo primero. Necesitamos reconocer que el dinero es indispensable para el funcionamiento de la democracia. Organizar elecciones y movilizar electores cuesta. Mantener estructuras partidarias fuera de época electoral cuesta. Si queremos fortalecer nuestra democracia, necesitamos invertir en ello. Pero –allí está la clave– invertir bien.

Los costos de las campañas electorales se han incrementado significativamente en nuestro país. En solo 10 años, los gastos de campaña registrados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se triplicaron, pasando de 22 a 63 millones de soles, y solo de lo declarado. La monetización de las campañas sumada a la precariedad de las organizaciones políticas, vuelven nuestro sistema político muy vulnerable a la corrupción. Partidos políticos sin recursos propios ni militantes suficientes, necesitan donaciones privadas para financiar su campaña. La desesperación por recursos en un contexto altamente competitivo por la fragmentación, obviamente, abre las puertas a la utilización de financiamiento de fuentes dudosas o abiertamente ilegales. Ese dinero busca comprar influencias y multiplica los conflictos de interés y la corrupción. Basta pensar en los escándalos que hemos visto en el Congreso y Ejecutivo en los ultimos años. Es más, la campaña puede ser un negocio para los dueños de los membretes partidarios, que subastan su inscripción. Peor aún, la monetización de las campañas genera inequidades que sesgan nuestra representación, al hacer más difícil que peruanos con escasos recursos puedan competir efectivamente por el poder político o, si quieren hacerlo, deba ser a costa de vender su alma al diablo.

La reforma constitucional aprobada por referéndum es un avance porque prohíbe la contratación privada de publicidad en radio y TV; el rubro que encarecía más las campañas. Asimismo, se avanzó el año pasado al aprobar la Ley 30997 que creó el delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas. No obstante, se requiere desarrollar legislativamente el cambio constitucional y trabajar en una reforma integral que considere otros aspectos cruciales, como la necesidad de instituir transparencia y prácticas de rendición de cuentas entre los políticos y representantes, así como garantizar sanciones efectivas de los infractores, más allá de lo penal.

¿Qué está pendiente? Primero, la ampliación y distribución más equitativa del financiamiento público indirecto durante las elecciones –la llamada franja–. Hoy que los partidos no pueden contratar directamente publicidad en radio y TV, publicidad que encarecía la campaña, necesitamos garantizar que sus propuestas lleguen a los electores para que pueda darse un voto informado; más aún dada la situación sanitaria, que limitará la campaña cara a cara. Ojalá también que los medios, tan rápidos para criticar a los políticos, reconozcan su responsabilidad en el empobreciento del debate político y se reivindiquen.

Segundo, permitir el uso del financiamiento público directo para las campañas electorales con cargo a una efectiva rendición de cuentas. Tercero, restablecer la rendición de cuentas de gastos por organización política, y no por candidatos, como el disuelto Congreso aprobó. Esto dificulta una adecuada fiscalización por parte de los organismos electorales y desincentiva la responsabilidad del colectivo político frente a acciones indebidas de sus candidatos. Cuarto, restablecer la obligación de las organizaciones políticas de presentar un reporte de gastos durante las campaña para que los ciudadanos puedan evaluar la responsabilidad de los contendientes, algo que, inexplicablemente, también fue modificado por el Congreso anterior.

Finalmente, si queremos dejar de tener “combis políticas traferas” que cometen infracciones y ven sus multas acumularse sin que nada pase –a la fecha, solo un partido ha pagado su deuda–; necesitamos sanciones efectivas. Esto supone, por un lado, otorgar a la ONPE facultades de cobranza coactiva de multas y, por otro, establecer sanciones políticas progresivas frente a incumplimientos reiterativos, incluyendo la suspensión y cancelación de la inscripción del Registro de Organizaciones Políticas. Es decir, prohibir que las combis traferas sigan circulando impunemente.

Hoy más que nunca los congresistas nos deben al menos esto a los ciudadanos. De acuerdo con Ipsos (julio), en medio de la grave crisis sanitaria que vivimos, el 63% de los peruanos encuestados identifica la corrupción como uno de los principales problemas del país, incluso por encima de la salud pública (43%) y delincuencia (41%). Y empatan con 56% la lucha contra el COVID-19 y la lucha contra la corrupción como los temas a priorizar este último año de Gobierno. ¿Qué esperamos entonces? Atrévanse, señores congresistas, que están a tiempo de dejar un legado que pueda ser recordado como un aporte para un mejor país.