El 28 de julio, el Perú inicia un nuevo gobierno en un momento crítico para el país, en el que requiere recuperar la confianza para poder atraer inversiones, generar empleo, incrementar ingresos y así reducir la pobreza.
El camino ya lo conocemos. Entre el 2004 y 2014, la estabilidad macroeconómica, la apertura comercial y el impulso a la inversión privada permitieron reducir la pobreza desde el 60% de la población hasta el 20%. Ningún programa social logró jamás ese impacto. Fue el crecimiento sostenido el que sacó a millones de peruanos de la pobreza. Esa es la hoja de ruta que debemos retomar.
Hoy las condiciones de fondo siguen siendo favorables: el Perú tiene ante sí un ciclo de precios altos en minerales, particularmente el cobre, donde somos uno de los principales productores globales, un sector privado con capacidad y voluntad de invertir y cuenta con una red de acuerdos comerciales con las principales economías del mundo. El problema es el entorno: inestabilidad política, inseguridad ciudadana y señales contradictorias hacia la inversión.
El nuevo gobierno tiene, entonces, una tarea clara y posible: recuperar las condiciones básicas para que ese potencial se traduzca en crecimiento real.
Primero, destrabar. Hay proyectos de infraestructura (carreteras, puertos, aeropuertos, energía, agua, conectividad digital) detenidos por trámites que se eternizan y decisiones que se postergan. Cada mes de demora es bienestar que no llega a las familias peruanas. Necesitamos un cronograma de ejecución con responsables y plazos.
Segundo, modernizar el Estado. Abrir un negocio, obtener un permiso o desarrollar un proyecto de inversión sigue siendo una carrera de obstáculos. Un Estado eficiente debe facilitar en lugar de entorpecer, acompañar al ciudadano en lugar de desconfiar de él por principio.
Tercero, dar previsibilidad. La seguridad jurídica y el respeto a los contratos no son privilegios; son la base sobre la cual cualquier empresa, grande o pequeña, decide invertir y contratar. A esto se suma la disciplina fiscal, que no es una preferencia ideológica sino la condición que permite financiar al Estado sin generar las crisis que terminan pagando los más vulnerables. El empresariado peruano no pide privilegios: pide reglas claras y que se cumplan.
Cuarto, pagar lo que se debe. El Estado se ha convertido, en los hechos, en un mal pagador. Miles de proveedores, muchos de ellos micro y pequeñas empresas que dependen de ese flujo de caja para subsistir. Es una contradicción que el propio Estado exija puntualidad tributaria mientras incumple sus propias obligaciones contractuales. El nuevo gobierno debería empezar por ahí: auditar y honrar la deuda pendiente con sus proveedores.
Quinto, formalizar. Millones de peruanos trabajan en la informalidad no porque la prefieran, sino porque el costo de formalizarse supera al beneficio. Mientras eso no cambie, seguiremos teniendo trabajadores sin protección, empresas sin acceso a crédito y un Estado sin la base tributaria que necesita para funcionar. Formalizar es, ante todo, una política de inclusión.
Las primeras semanas importan. El próximo gobierno debe contar con capacidad de diálogo y tomar decisiones tempranas que generen confianza: ¿quiénes integran el equipo económico? ¿Qué señales se dan hacia la inversión privada? ¿Hay disposición a dialogar con el sector empresarial?
Desde la Cámara de Comercio de Lima lo decimos con la misma convicción de siempre: el Perú tiene el potencial para volver a crecer, generar empleo y seguir reduciendo la pobreza. Lo que necesita no es reinventar el modelo, sino la decisión política de ejecutar lo que ya sabemos que funciona. Esa es la oportunidad del 28 de julio.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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