Nuevos aires en el Perú, por Anna Zucchetti

Para subastar el Complejo Metalúrgico de La Oroya y fomentar la inversión en otras operaciones mineras e industriales, hace unos días el Gobierno ‘sinceró’ los estándares de calidad ambiental (ECA) para el aire del país. La medida es positiva en tanto incluye parámetros que estaban mal definidos o excluidos (como el mercurio), establece plazos para definir un protocolo nacional de monitoreo, define la necesidad de priorizar las zonas de atención crítica y transfiere al Ministerio del Ambiente (Minam) el liderazgo del Comité de Aire Limpio de Lima y Callao que estaba aletargado en el Ministerio de Vivienda. Estos pasos son necesarios para encarar técnica y eficazmente la gestión de la calidad del aire en el Perú.

Pero tiene su envés, pues se ha aumentado el estándar de dióxido de azufre de 20 a 250 microgramos por metro cúbico por día. Si bien este ‘sinceramiento’ pone al Perú al mismo nivel de todos los países latinoamericanos que tienen estándares entre 150 (República Dominicana) y 365 microgramos por metro cúbico por día (Panamá, Brasil, Costa Rica, Bolivia, entre otros), es ciertamente un retroceso desde el punto de vista de la protección de los ecosistemas y de la salud pública (el dióxido de azufre en el aire está asociado al incremento de asma, alergias y enfermedades respiratorias, así como a la acidificación de las lluvias, las aguas y el suelo).

El impacto más inmediato será, probablemente, que se logre subastar la fundición de La Oroya y recuperen el empleo unos 1.500 trabajadores vinculados con esta operación, a costa de la salud ya deteriorada de la población local. Pero siendo un estándar nacional, tendrá un impacto negativo en la calidad del aire en varias zonas críticas del país, particularmente donde existen fundiciones, refinerías y concentraciones de operaciones industriales con calderos obsoletos (Ilo, Lima, Callao, Talara, Arequipa, Trujillo, Chimbote, entre otras) que no tendrán incentivos para la mejora de su eficiencia.

El discurso inicial de la ministra del Ambiente, Elsa Galarza, sobre la necesidad de adecuar los estándares a las diversas realidades del país, fue un subterfugio que se hizo manifiesto con la aprobación de un estándar tan alto. ¿Era necesario un salto tan acrobático para todo el país? ¿Por qué no se optó por estándares diferenciados o por los objetivos intermedios recomendados por la OMS (125 microgramos por metro cúbico por día)? ¿Qué argumentos económicos y qué estudios epidemiológicos sustentaron la decisión de adoptar valores tan estrictos en el 2008 y de relajarlos ahora? Las respuestas a estas preguntas no quedan claras.

La protección de la calidad del aire debería ir más allá de la definición de los ECA. El Minam debería empezar un trabajo serio en colaboración con otros ministerios (Energía y Minas, Transportes, Producción) para definir una estrategia nacional de calidad del aire asociada a la estrategia de cambio climático y para trabajar estrechamente con las autoridades regionales y locales a través de planes que sean eficaces hojas de ruta para mejorar el aire que respiramos.

Esto pasa por implementar redes de monitoreo funcionales, definir protocolos de medición estándar, modelizar la calidad del aire, informar adecuadamente a los ciudadanos e implementar medidas correctas de gestión (desde mejoras del tránsito urbano, revisiones técnicas vehiculares eficaces hasta incentivos económicos a operaciones industriales limpias).

También se requiere, junto con el Ministerio de Salud, el Concytec y la academia, promover estudios epidemiológicos que muestren la poco estudiada relación entre contaminación e incidencia de patologías respiratorias o cardiovasculares en nuestras ciudades. Solo una estrategia nacional bien sustentada e implementada nos dará confianza, a todos los ciudadanos, de que las nuevas normas no son únicamente un regalo para los inversionistas y una cachetada a la salud pública, sino un paso hacia la mejor gestión de la calidad del aire.