Orgullo y prejuicio, por Carlos Tubino

El título de este artículo contiene el nombre de la célebre novela de Jane Austen que presenta sublimes matices de tragicomedia, ya que en los últimos días nuestro país ha sido testigo de una. Siendo el autor el titular de Defensa y teniendo como seguidores a algunos militares en retiro, aun hay quienes opinan y comentan sin entender a cabalidad el verdadero sentido y fin de la ley de mi autoría, que autoriza a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) para que colaboren en la lucha contra el narcotráfico.

Efectivamente, el “orgullo y prejuicio” empujan a oponerse a esta ley sin siquiera haberla revisado. Muestra de ello es que el ministro Cateriano desconocía que se trataba de un allanamiento por parte del Congreso y que dicha ley había sido materia de un amplio debate desde el año 2011, tanto en la Comisión de Defensa así como en el Pleno del Parlamento.

Al respecto, es menester resaltar que un allanamiento es la aceptación pura y simple por parte del Poder Legislativo de las observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo a un proyecto de ley ya aprobado en una sesión plenaria. Entonces, esta ley nació con el visto bueno del gobierno.

Los detractores insisten en dos erróneos argumentos: primero, que dicha ley permite que las FF.AA. reemplacen a la Policía Nacional del Perú (PNP) en la lucha contra el narcotráfico; y, segundo, que las FF.AA. serán corrompidas por el narcotráfico tal como sucedió en México. Estas afirmaciones nos demuestran que se quiere hacer prevalecer los paradigmas o preconceptos sobre las necesidades operativas en el terreno.

Sobre estos seudoargumentos debemos señalar lo siguiente: primero, la ley se limita a clarificar que las FF.AA. están autorizadas a realizar acciones de interdicción contra personas y vehículos implicados en actividades de narcotráfico, únicamente en zonas declaradas en estado de emergencia y cuando han asumido el control del orden interno (Vraem). Así las cosas, resulta claro que las FF.AA. no reemplazan a la PNP, solamente actúan ante situaciones de flagrante delito. Además, estas tienen que poner inmediatamente a cualquier detenido a disposición del Ministerio Público y PNP, por lo que queda descartado que realicen investigaciones o persecuciones a narcotraficantes.

Segundo, el argumento de que las FF.AA. serán corrompidas por el narcotráfico es solo una opinión subjetiva basada en prejuicios. Cualquier entidad o persona también es pasible de corrupción, por lo cual bajo dicho prejuicio entonces que nadie combata el narcotráfico. Más grave aún es que ese prejuicio provenga del ministro de Defensa, que, en vez de velar por la moral del personal de las FF.AA., la degrada ante la opinión pública, dándoles el estatus de cuasi organizaciones criminales.

Esta ley nace en virtud de un mandato del Tribunal Constitucional (STC 0002-2008-AI) que exhorta al Congreso a legislar para que las FF.AA. participen en la lucha contra el narcotráfico, en cumplimiento de los artículos 8 y 44 de la Constitución según los cuales la lucha contra este delito es deber de todas las entidades del Estado.

En mi calidad de congresista y vicealmirante (r) de la Marina de Guerra del Perú, lucharé siempre contra el narcotráfico, una plaga que daña a nuestra juventud y retroalimenta la inseguridad ciudadana que preocupa a todos los peruanos.