¿Tiempo de pecar?, por José Gallardo Ku

El presidente de la República dio a sus ministros siete “mandamientos”. Uno de ellos, dedicarse únicamente a temas de su sector. Este modo de trabajar con compartimentos estancos resulta poco adecuado para los desafíos de la política pública y, sobre todo, para enfrentar una situación inédita de múltiples riesgos que amenazan actualmente a nuestra economía. 

Algo que no debe dejar de tomar en cuenta la administración es la confluencia de crecientes riesgos en todos los aspectos que afectan el desempeño de una economía (contexto externo, macroeconomía, modelo y funcionamiento institucional). Y que gradualmente están convirtiendo el escenario conservador –la trayectoria de crecimiento con tasas en transición de 4% a 5% dejada por la administración anterior– en un escenario más bien deseable, pero cada vez menos factible.  

Por un lado, en el contexto externo no se perciben mejoras, luego de un período ya largo de deterioro en los términos de intercambio. Por el contrario, prestigiosos economistas señalan el riesgo de un período de estancamiento secular, causado por el desbalance entre las propensiones a ahorrar más y a invertir menos, todo esto asociado a una contracción de la demanda, inflación y crecimiento. Asimismo, la poca certeza del camino que tome la economía estadounidense añade incertidumbre.

Por otro lado, decisiones políticas y la propia interacción de grupos políticos crean riesgos en la macroeconomía, el modelo económico y la institucionalidad. 

En lo referente al manejo macroeconómico, se observan inconsistencias de decisiones y mensajes que están causando una disminución de expectativas en inversionistas y consumidores, las cuales han sido señaladas por Alonso Segura en un reciente artículo en este Diario. Resultan preocupantes aspectos como la fuerte caída en la inversión pública del Gobierno Central en el 2016, el ajuste fiscal de fin de período y su potencial efecto sobre el producto. 

Un riesgo adicional es el creado en relación con el cambio en los énfasis del modelo económico, dando paso a una estrategia de formalización que gradualmente deja de lado las políticas de capital humano (social, educativa y de salud) y diversificación productiva (infraestructura regional, productividad, mesas ejecutivas). Es posible que los beneficios de este cambio sean poco importantes. Evidencia empírica robusta indica que los esfuerzos de formalización (simplificación administrativa, reducción de impuestos) ayudan, pero no generan mayor crecimiento. Los costos sí pueden ser altos: se sacrifica crecimiento de largo plazo y se puede exacerbar la conflictividad social.

Además de los riesgos de las modificaciones en la política pública, están los crecientes riesgos institucionales. Si bien es cierto que la regresión institucional empezó en la contienda electoral, también es verdad que está siendo incrementada por la inconsistencia en la postura política del Ejecutivo ante el Legislativo, con una alternancia entre fases de agresividad y de repliegue, todo con innegables costos para la administración. 

Existen ejemplos de coordinación transversal que pueden servir de referencia. El plan de diversificación productiva, inexistente antes del 2014, creó rápidamente instrumentos de política como las mesas ejecutivas (que ponían a los sectores público y privado en un mismo momento y sitio para resolver los distintos problemas de una actividad económica), generó mejores normas como el ‘factoring’ (con el MEF) o la forestal (con Agricultura), y dio sentido a proyectos existentes como la pavimentación de la red vial nacional, que se adecuó como una estrategia de reducción de costos logísticos para el sector productivo (turismo, agricultura). 

La reforma educativa es otro ejemplo. Coordinaciones sectoriales dieron lugar a una apuesta presupuestal sustantiva, lo que posibilitó una reforma real en la educación básica. La propia red dorsal nacional y las redes regionales de fibra óptica en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones se concibieron para dar soporte a la reforma del Estado, especialmente en los sectores Educación y Salud. El bachillerato internacional en colegios públicos, educación multilingüe o la telemedicina serán una realidad con estas redes.

Entonces, tenemos una coyuntura externa poco favorable, pero otros riesgos se están añadiendo por una combinación de fallas de diagnóstico (que exagera logros de la formalización), burocráticas (menor ejecución, inconsistencia de mensajes y acciones) e institucionales (debilitamiento de alianzas de la administración, sacrificio de su mejor ministro). La posibilidad de resolver varios de estos problemas es mayor si se rompe con el “mandamiento” que establece los compartimentos estancos, y se ejerce un mayor liderazgo y coordinación de los esfuerzos de los ministros, por parte del propio presidente o del primer ministro.