Peligrosa generosidad, por Sol Carreño
Peligrosa generosidad, por Sol Carreño

Aunque los tropiezos de la candidatura de Julio Guzmán hayan ocupado la mayor parte de la atención en los últimos días, otro tema importante se ha venido discutiendo y es la prohibición de entregar dinero a los electores. Ello a raíz de las acciones del candidato César Acuña, quien no ha negado las dádivas sino que más bien ha tratado de justificarlas. La discusión se reduce a si esto está o no prohibido en este proceso electoral. 

Que la prohibición existe es algo de lo que no cabe duda. La Ley 30414, que introdujo una serie de modificaciones a la Ley de Partidos Políticos, incluyó la prohibición de “efectuar la entrega, promesa u ofrecimiento de dinero, regalos, dádivas u otros obsequios de naturaleza económica de manera directa o a través de terceros”. 

El hecho es tan grave que la sanción incluye una multa y la exclusión del proceso electoral. La norma es clara y no admite mayor interpretación. Está vigente y es perfectamente aplicable, pues el artículo 109 de la Constitución establece: “La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte”.

En la Ley 30414 no hay ninguna disposición que postergue su vigencia. 

Pero ¿qué sucede con el proceso electoral? La convocatoria a elecciones se publicó el 14 de noviembre del 2015. La prohibición que se discute aparece recién en una ley publicada el 17 de enero del 2016. ¿Es posible aplicar una norma de enero a hechos que se enmarcan dentro de un proceso que empezó en noviembre?

Es la propia Constitución la que señala en su artículo 103 que la ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos. 

No cabe duda de que el proceso electoral es una situación jurídica existente al momento en que entra en vigencia la ley. Por lo tanto, esta, en principio, se aplica. Pero, sobre todo, no debe confundirse el lector pensando que el proceso es un solo hecho. El proceso, por definición, es una sucesión de hechos y esto es clave para determinar la aplicación de la ley. 

Sancionar las dádivas posteriores a la vigencia de la ley no sería una aplicación retroactiva de la norma. Aplicación retroactiva es el intento de regular una situación pasada con una norma presente. Esto claramente resultaría un atentado contra la seguridad jurídica. 

Nadie puede ser obligado a respetar una norma que no existe al momento en que actúa. Pero este no es el supuesto. Aquí de lo que se trata es de una aplicación inmediata de la ley a un hecho puntual sucedido con posterioridad a su vigencia: el acto de entregar dinero. Este es el hecho que se juzga. No el proceso electoral. 

¿Se atenta contra algún derecho o principio superior sosteniendo que la prohibición de dar dinero se debe aplicar desde el primer día de vigencia de la Ley 30414? No, puesto que desde que la ley fue publicada su conocimiento se presume y su cumplimiento es obligatorio. Todo candidato podía y debía saber que esa era una conducta prohibida. 

Consideración aparte merece el hecho de si es conveniente o no publicar modificatorias a leyes electorales con procesos en curso. De hecho, el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral se pronunció sobre el tema sosteniendo que “no se ha dado en el momento más oportuno, debido a que el proceso electoral 2016 ya había sido convocado y se encuentra en marcha”. 

Coincidimos en que no ha sido lo mejor que la norma se publique en enero. Pero el que la norma sea oportuna o no, buena o mala, no condiciona su vigencia, aunque merezca atención el hecho de que la ley original fue aprobada en octubre por el Congreso, pero no fue promulgada a tiempo por el Ejecutivo y uno pueda preguntarse si hubo razones ocultas y cuestionables para esta demora. Todo ello debe ser materia de otra investigación. 

Pero el hecho es que, inconveniente o no, la Ley 30414 se dio y entró en vigencia. Cada una de sus normas debe ser interpretada y aplicada siguiendo los principios establecidos en la Constitución que he citado. 

Y, sobre todo, no puede dejarse de lado el sentido último de la ley que es garantizar un proceso electoral correcto, ético y exento de conductas reprobables. La prohibición es y ha sido clarísima desde que se publicó. Por el bien de este proceso y de nuestro país, las leyes deben respetarse.