Pena de muerte: debatir para decidir

El 80 % de la población mundial vive en países en los que es legal la pena de muerte, aunque en muchos de ellos esta, en los hechos, no se aplica, como es el caso peruano a la fecha. Es claro también que en el mundo se ha visto una tendencia hacia el abolicionismo, y cada sociedad ha transitado por procesos de debate, confrontación de posiciones y, finalmente, de consensos.

La pena de muerte, y esto es una verdad evidente, es uno de esos temas parte aguas en toda sociedad y en toda era, incluso en aquellas que formalmente lo tienen definido. En los hechos el debate nunca acaba y, cada cierto tiempo, ante determinada circunstancia, se reaviva la polémica y se caldean los ánimos. Dependiendo de la sensibilidad y experiencia en cada sociedad, esto puede ser gatillado por una grave incursión terrorista, un magnicidio, un caso de traición de Estado o la ocurrencia de crímenes atroces.

Hace algunas semanas, la señora presidenta de la República planteó la necesidad de debatir a nivel nacional la posibilidad de ampliar la aplicación de la pena de muerte para el caso de crímenes tan brutales y repulsivos como la violación sexual a menores seguida de muerte. “Es momento de que, ante hechos de esta magnitud, que deberían ser inconcebibles dentro de una sociedad, planteemos medidas drásticas”, dijo ante la conmoción causada por la noticia de la violación sexual y asesinato de una niña de 12 años en el distrito limeño de Villa María del Triunfo.

La sensibilidad de la ciudadanía mostrada consistentemente en las encuestas cuando se le ha preguntado sobre la posibilidad de ampliar la pena de muerte para casos de violación sexual de menores, y sobre otros graves crímenes, ha sido siempre y mayoritariamente positiva.

Sin embargo, como indica la prudencia, para tomar decisiones sobre asuntos tan graves, es importante pero no suficiente contar con el respaldo espontáneo de la ciudadanía; también se requiere del debate y la reflexión mesurada, con la participación de, además de la población, la academia, profesionales involucrados en el sistema de justicia, profesionales de otras áreas y, en fin, todos los que pudieran aportar una mirada omnicomprensiva de la materia. Solo así se podrá ponderar las posibilidades jurídicas de su implementación, atendiendo a nuestro marco constitucional. Esos espacios también servirán para analizar sus posibilidades fácticas de orden operativo, así como sus implicancias en el Sistema del Derecho Internacional de Derechos Humanos.

En línea con la iniciativa planteada por la señora presidenta, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, luego de conformar una comisión sectorial, inmediatamente se ha abocado a realizar audiencias públicas en distintas ciudades del país, conforme a un plan y cronograma ya aprobado, con la debida difusión para que la participación ciudadana sea lo más amplia posible. Al 23 de enero se han llevado a cabo audiencias en Trujillo, Barranca, Arequipa, Cañete y Cajamarca, y continuará así hasta el mes de marzo.

Algunos han calificado la iniciativa presidencial como una supuesta “cortina de humo”. En realidad, lo que hay detrás de esa definición es la censura previa a la ciudadanía, como si el ciudadano no pudiera o, lo que es peor, no debiera discutir el tema para que su voz no sea escuchada por las autoridades.

No, la pena de muerte no es un tema cerrado. Al menos no lo es en nuestra sociedad. Aquellos que pretenden que así sea, en el fondo, lo que hacen es negarle al ciudadano su libertad de expresión, de información, de participación y, por último, de decisión respecto de los graves asuntos sociales que le involucran y afectan.

Discutamos el asunto ampliamente, sin miedos, ni restricciones. Luego, tomemos la mejor decisión pensando en los mejores intereses nacionales.