Estamos tan poco acostumbrados a la eficiencia en el trabajo de nuestras instituciones (lo digo con mucha pena) que, cuando alguna cumple con su deber, sobredimensionamos y creamos héroes de arena. Y ese es un grave error frente a lo real que es tener un sistema de justicia que puede equivocarse, pero que cuenta con la posibilidad de corregir sus errores.
La importancia de reconocer los yerros es vital –se lo digo, a manera de reflexión, al Ministerio Público– para evitar que estos sean aprovechados por personajes cuyos argumentos endebles desnudan un interés de venganza. Así llegamos al congresista de Perú Libre (PL) Américo Gonza, que preside nada menos que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República que ya aprobó en primera votación un dictamen que propone cambios en “la ley contra el crimen organizado” que desarrollaremos en esta columna desde dos perspectivas: la forma y el fondo.
¿Tiene Gonza credenciales o intereses para impulsar esta ley? Evidentemente, carece de lo primero y le sobra lo segundo. A Gonza se le investiga dentro de un organigrama criminal por presuntamente haber participado como nexo congresal del hoy recluido expresidente Pedro Castillo en el caso de los ascensos irregulares en la Policía Nacional del Perú. Además de ser incondicional del prófugo Vladimir Cerrón, al punto de que se presume que habría encubierto su fuga. Desde siempre, Gonza ha querido demostrar “fidelidad” al partido que lo llevó a su curul y, para ello, ha legislado en favor de delirios propios y ajenos con un nivel técnico-jurídico bastante paupérrimo. Y, claro, el debate y el análisis importan nada cuando la consigna es sacar del camino lo que incomoda, y Gonza está incómodo con el Ministerio Público.
Pero vayamos al fondo de la propuesta, esa que ni el mismo congresista pudo defender en una entrevista en Canal N.
Gonza quiere confundir a quienes saben menos de derecho que él con datos inexactos y que, más bien, develan una necesidad de legislar en favor de una verdadera reforma del sistema judicial. El punto de partida es qué entiende y plantea el parlamentario como compleja estructura criminal. Parece que su análisis es solo matemático y no se basa en la pluralidad de indicios, a la luz de lo que ha evidenciado la corrupción de funcionarios cuando se dispone del aparato estatal como botín.
Gonza ha dicho que “hay un millón y medio de personas investigadas por organización criminal; a ese ritmo, todos los peruanos vamos a ser indagados”. Esto es inexacto. Lo que el congresista debería replantearse más bien es la calidad de las pruebas en una etapa preliminar de investigación, y aquí debo decir que nunca estaré de acuerdo en la cacería de brujas y que se necesita solidez en las diligencias preliminares que logren carpetas fiscales bien hechas. Estas diligencias deben ser oportunas. El allanamiento es una de esas herramientas y su factor sorpresa es justamente lo que logra el hallazgo de material vital y susceptible de ser prueba en un proceso.
No se entiende entonces qué busca el mentado legislador cuando plantea poner sobre aviso a los posibles allanados. Su ley no busca entonces bienes delictivos, busca impunidad. ¿Acaso, señor Gonza, el “torito” es la peor de sus pesadillas?
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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