Los plazos de la segunda vuelta, por Jeffrey Radzinsky
Los plazos de la segunda vuelta, por Jeffrey Radzinsky
Jeffrey Radzinsky

Existen diversos factores que afectan la estabilidad institucional y política en un país, lo cual repercute directamente en la decisión de los inversionistas –a todo nivel– para emprender, mantener o evaluar proyectos empresariales.

En nuestra deficiente legislación electoral, con normas dispersas en leyes y reglamentos que deberían organizarse de manera sistemática y coherente en un código electoral –la reciente incertidumbre sobre candidaturas a días de las elecciones refleja parte del problema–, sabemos que si uno de los candidatos presidenciales no obtiene más del 50% de votos válidamente emitidos, los dos postulantes con más alta votación pasan a una segunda vuelta.

Al margen de puntos a favor y en contra de emplear la segunda vuelta en nuestro sistema, es importante reparar en el tiempo que transcurre entre la elección general (10 de abril) y la segunda vuelta (5 de junio). Son ocho semanas –piensen en todo lo que ha pasado en la política nacional durante las últimas ocho semanas– que no solo implicarán una nueva campaña electoral, con toda la carga que esto conlleva, sino un extendido plazo que resulta innecesario y largamente más amplio que lo que ocurre en otras democracias. 

Considerando que los candidatos que compiten en una segunda vuelta han expuesto por meses sus propuestas, presentado a sus equipos y viajado por el país, la fecha para realizar la segunda vuelta se basa fundamentalmente en dos cuestiones: el plazo para proclamar oficialmente los resultados de las elecciones generales (primera vuelta) y el período requerido para imprimir y distribuir el material electoral en todo el territorio –incluidos los locales del extranjero–, lo cual se realiza en paralelo a los debates entre los candidatos y sus equipos.

Revisemos ejemplos. En Argentina, la elección del presidente Mauricio Macri se realizó en segunda vuelta el 22 de noviembre del 2015, cuatro semanas después de las elecciones generales. Asimismo, Chile tuvo cuatro semanas entre sus procesos electorales de primera y segunda vuelta para elegir a la presidenta Michelle Bachelet (17 de noviembre y 15 de diciembre del 2013). 

En Colombia pasaron solo tres semanas para que el presidente Juan Manuel Santos sea reelegido en segunda vuelta el 15 de junio del 2014. Y ni hablar de Francia, la cuna del ‘ballotage’, donde las últimas elecciones presidenciales se realizaron el 22 abril del 2012, y solo dos semanas luego, el 6 de mayo, se celebró la segunda vuelta que ganó François Hollande.

No es casualidad que, según el Latinobarómetro, la satisfacción ciudadana con respecto a la democracia en el Perú se sitúe por debajo de Colombia, Chile y Argentina. Los plazos electorales podrían ser uno de los múltiples factores a corregir.

En ese sentido, acortar el tiempo entre la primera y segunda vuelta obliga a ser más eficientes en el escrutinio y la logística electoral (si nuestros países vecinos pueden, nosotros también). Asimismo, se evita la pérdida de foco en asuntos importantes del debate público que quedan postergados o silenciados por semanas bajo el “manto electoral”.

Propongo que en la imperiosa reforma integral de nuestra legislación electoral se incluya la reducción del plazo entre primera y segunda vuelta a un máximo de seis semanas para las elecciones del 2021. Y aspiremos a un plazo de tres semanas para el 2026.

Acortando el largo período de campañas electorales e incertidumbre, no solo se facilitará información certera para los inversionistas, sino que se presionará tanto a las autoridades electorales como a los partidos políticos a ser más eficientes en sus funciones, favoreciendo a los ciudadanos y fortaleciendo nuestra débil institucionalidad democrática.