Todos coincidimos en que en la actual coyuntura nuestro frente político es el responsable de la crisis de institucionalidad que vivimos. Los elementos básicos para disponer de un buen estándar de rendimiento de cuentas y gobernanza han sido dañados. Cambiar esto demandará la participación de todos y, por lo tanto, la presencia de lo mejor de nuestra clase empresarial. Acá dos breves reflexiones acerca de cómo podría hacerlo.
Es necesario, para empezar, que el sector privado lidere una propuesta orientada a generar un renovado mecanismo de ‘accountability’, de rendimiento de cuentas.
Debemos remozar los instrumentos operacionales y el marco legal vigente para que el sector público se vea obligado a rendir cuentas de sus actos. Rendir cuentas no es describir un conjunto de acciones anualmente, es mucho más. Es analizar las causas del incumplimiento de metas, rediseñar objetivos, identificar responsables y generar pautas concretas para ejecutar recambios en el accionar de la cosa pública.
Quien sustenta y financia el accionar del sector público es el sector privado. Solo por ese hecho deberían generarse los mecanismos de canalización de información sujeta a la observación periódica del frente empresarial y civil. El servidor público, sea el presidente, ministros, gobernadores o alcaldes, debe estar obligado a rendir cuentas sobre la base de patrones concretos, de manera directa y expeditiva, acerca del cumplimiento de metas en línea con los intereses nacionales consensuados y preestablecidos, no de los que se le ocurra al político de turno.
De otro lado, el empresariado también debe participar en el diseño de un nuevo estándar de ' governance’. Al menos debe ser capaz de proponerlo.
Esta ‘empresa’ llamada Perú demanda asegurar la conducción del país con sus miembros más calificados desde el punto de vista ético y profesional. Estas dos condiciones han estado alejadas muchas veces de todas las instancias de gobierno. En la práctica, hoy cualquier persona sin calificaciones puede candidatear y ser elegida para asumir la más alta magistratura. Como lo hemos vivido en carne propia, lo que tenemos hoy es una puerta abierta al desgobierno, el caos y la corrupción.
El Perú requiere ser conducido por un Poder Ejecutivo –al igual que la gerencia de una empresa– de alta calidad profesional, con demostrada capacidad de gestión, transparencia y debido historial ético. No los tenemos. Requiere de un Congreso –al igual que los directores de una empresa– que disponga reconocida experiencia laboral y formación académica, con una visión alejada de intereses ajenos a su labor. No podemos permitir que iletrados sean los encargados de plantear leyes. No podemos permitir que personajes oscuros fiscalicen y nos representen. Finalmente, lo que vendría a hacer la junta general de accionistas –donde estamos los 34 millones de peruanos– no dispone de los canales apropiados y expeditivos de remoción de los miembros de su directorio y de su gerencia. Un despropósito total.
La labor del empresariado no solo debe estar orientada a velar por el éxito de sus emprendimientos, sino también debe buscar resguardar las condiciones de ‘accoutability’ y ‘governance’ nacionales. Algunos empresarios dirán que lo planteado no es parte de su labor. Increíble. Continuar dejando el país en manos exclusivas de nuestros políticos es no cambiar nada y seguir viviendo en la desesperanza, la frustración y la inseguridad. El empresariado tiene la palabra.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
WUF
