"El imperativo digital", por Julio Luque
"El imperativo digital", por Julio Luque
Óscar Montezuma

La frase “quisiera ser recordado por ser el presidente que modernizará el Perú” que utilizó Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en una de sus primeras entrevistas como presidente electo representa un tremendo reto. Sin duda, un tema clave para esta modernización es el desarrollo de las telecomunicaciones y tecnologías de la información (agenda digital).

Un importante avance del gobierno saliente ha sido poner en marcha la red dorsal nacional de fibra óptica y la licitación de las bandas que permitirán un acceso a Internet de alta velocidad (4G) para todos los peruanos. Sin embargo, pensar solo en conectividad (acceso) es incompleto. Se requiere de una agresiva estrategia de promoción de herramientas y contenidos que permitan a la población beneficiarse y hacer tangibles los beneficios del acceso a las telecomunicaciones e Internet de banda ancha. 

Una de las principales dificultades para implementar una agenda digital es el arreglo institucional, es decir, definir el ente rector que coordinará y liderará a futuro el desarrollo de las telecomunicaciones y tecnologías de la información desde el gobierno. En esa línea, siguiendo la exitosa experiencia colombiana, una alternativa es convertir al actual Ministerio de Transportes y Comunicaciones en un ministerio de tecnologías de la información y comunicaciones (Mintic), separando a la actual cartera de transportes en un ministerio distinto. El Mintic peruano se encargaría de ejecutar la agenda digital del gobierno sobre la que ya existen avances importantes.

Según un informe reciente contratado por el Consejo Nacional de Competitividad (CNC), la definición de un ente rector en el sector aportaría 6,91 puntos adicionales acumulados en el índice de digitalización. En otras palabras, US$1.150 millones de PBI adicional acumulado al 2018. No se trata únicamente de buenas intenciones, sino de un impacto económico relevante.   

Una vez definido el tema institucional, la prioridad es desarrollar políticas consistentes y promotoras en dos grandes grupos. En primer lugar, potenciar el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones a nivel nacional, eliminando por completo la superposición de competencias que subsiste entre el Poder Ejecutivo y los gobiernos locales.

En segundo lugar, consolidar el ecosistema digital peruano. Si bien Internet ha democratizado la posibilidad de hacer negocios, la legislación no sigue el mismo camino. Por ejemplo, se hace urgente evaluar una normativa tributaria más flexible y realista para el pequeño emprendedor que durante sus tres primeros años no esperará recibir ingresos. Una alternativa sería proponer que este tipo de emprendimientos gocen de una tasa de impuesto a la renta y de gastos deducibles fija por esos primeros años en función a los ingresos obtenidos. 

Por otro lado, una práctica común entre emprendedores es recurrir al financiamiento colectivo basado en plataformas de Internet (‘crowdfunding’). Sin embargo, estas prácticas corren el riesgo de ser consideradas ofertas públicas de colocación o venta de valores mobiliarios que necesitarían de la autorización de la Superintendencia de Mercado de Valores. Una solución es modificar la regulación vigente para darle más flexibilidad y permitir la captación de fondos por estos medios hasta cierto límite, por ejemplo, US$100.000, como ocurre en Estados Unidos desde el año pasado.

Estas medidas requieren de importantes esfuerzos público-privados orientados a destrabar los cuellos de botella y afrontar la innecesaria sobrerregulación. Solo así podremos hacer realidad la ansiada modernización que no solo el presidente electo sino todos los peruanos deseamos.