El Perú necesita retomar las tasas de crecimiento de 5,5% alcanzadas entre el 2006 y el 2016 para abatir la pobreza y generar empleos dignos. Necesitamos liberar las fuerzas productivas tal como lo hicimos en la industria minera, donde conseguimos multiplicar por 26 nuestras exportaciones y ser el segundo productor mundial de cobre. O el caso de la industria de agroexportación, en la que, mediante incentivos tributarios, inversiones en grandes irrigaciones y TLC, logramos multiplicar por 19 nuestras exportaciones creando más de un millón de empleos directos e indirectos.
El proyecto de ley 5892 para una Nueva Ley de Industrias, presentado por el congresista José Jeri, es un planteamiento contrario al concepto de industrialización de los 60 o 70: no es proteccionista, no propugna subsidios ciegos, ni busca mercados cerrados a la competencia. Es una propuesta para una industria moderna y competitiva, que integra a las materias primas y a los servicios, participa de los TLC y busca incorporarse a las cadenas globales de producción, en la que no caben aranceles proteccionistas.
Los incentivos a la reinversión de utilidades, planteados en el proyecto de ley, son solo para nuevas inversiones y están supeditadas a la contratación de mano de obra, compra de maquinaria o infraestructura productiva. No son perennes, como las equivocadas exoneraciones sin condicionamientos; funcionan únicamente si se realizan dichas inversiones. Luego de la deducción por inversiones, las empresas generarán nuevos recursos fiscales, sin deducción alguna y con mano de obra formal que antes no existía. La depreciación acelerada es otra propuesta que también permitirá captar nuevas inversiones, tal como hizo Costa Rica para atraer a Intel y volverse exportador mundial de semiconductores.
El desarrollo territorial que busca construir clústeres en nuestra sierra y Amazonía se recoge en la propuesta sobre polos de desarrollo productivo, siguiendo las experiencias de México y Colombia. Esta propuesta supera lo establecido en leyes anteriores de promoción de zonas altoandinas, así como de la Amazonía, que no consideraban planes de desarrollo productivo con aspectos logísticos y energéticos claves para los procesos industriales.
Asimismo, los incentivos a las empresas tractoras para promover la asociatividad de las mypes, la creación de una instancia al más alto nivel que asegure el seguimiento del proceso de industrialización y la centralización de los diversos programas estatales en una sola entidad –como Promperú o el extinguido Prompyme, Corfo en Chile, Sebrae en Brasil– son propuestas claves.
Sin embargo, sugerimos que se retiren del proyecto de ley en cuestión lo relacionado a incentivos otorgados a empresas que están condicionados a la compra de bienes industriales nacionales frente a los importados, ya que no guarda coherencia con el marco de la OMC. También, el retiro de determinadas líneas de producción en los denominados polos de desarrollo productivo. De otro lado, la creación del Fondo de Desarrollo Industrial debería ser declarado de interés nacional, dado que el Congreso no tiene iniciativa de gasto. No obstante, debemos señalar que la existencia de este fondo, orientado al desarrollo productivo, es fundamental para asegurar recursos a la transformación productiva de los emprendedores nacionales.
Precisamos de un gran consenso nacional para salir de la parálisis y prender los motores productivos a nivel nacional. Es cierto que la nueva industria está de moda en el mundo y los países compiten por atraer capitales y crear oportunidades para su población. Iniciemos una nueva etapa de reformas para colocar nuevamente al Perú en la senda del crecimiento y el desarrollo nacional.
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