"Esta incapacidad es la misma que se puede apreciar en distintos niveles administrativos del país (nacional, regional y local)." (Foto: GEC)
"Esta incapacidad es la misma que se puede apreciar en distintos niveles administrativos del país (nacional, regional y local)." (Foto: GEC)
Nelson Shack

Contralor general de la República del Perú

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Diariamente somos testigos de la odisea de miles de peruanos por obtener oxígeno, una cama UCI o atención médica para enfermedades crónicas, en la desesperada intención de salvar sus vidas o la de sus familiares. Pero hay otra situación que también generó muerte y desesperación en miles de personas: el fenómeno del 2017. El Estado prometió una reconstrucción para las trece regiones afectadas. Sin embargo, eso no se ha concluido y, de repetirse pronto el fenómeno, sería la comprobación de un nuevo fracaso.

Transcurridos cuatro años de El Niño costero, no es aceptable –más allá de reconocer los esfuerzos desplegados– que solo se haya ejecutado el 37% del total de los recursos asignados al Plan Integral de (PIRCC), que superan los S/25.655 millones. Si seguimos esta tendencia, el siguiente gobierno habrá concluido su mandato en el 2026 y la reconstrucción seguirá pendiente. Un nuevo fracaso del Estado –como en Pisco, tras el terremoto del 2007–, otra oportunidad perdida y otra frustración para los más afectados.

No se trata de un problema de recursos financieros, sino de capacidad técnica e institucionalidad adecuada para gestionarlos. Durante los últimos 5 años, el presupuesto de inversiones en los tres niveles de gobierno dejó de ejecutar un tercio del total disponible. Es decir, ya nos hemos acostumbrado a que cada año el Estado deje de gastar en inversiones, aproximadamente, más de S/15 mil millones. Esto a pesar de la enorme brecha de infraestructura pública que limita significativamente nuestro proceso de desarrollo económico y social.

Se escucha a veces decir con prisa que la contraloría genera temores en determinados funcionarios públicos, que supuestamente evaden su responsabilidad de tomar decisiones para no complicarse la vida y garantizar sus sueldos a fin de mes. Ese razonamiento no considera el compromiso profesional y la honestidad de la gran mayoría de funcionarios y servidores. Pero para contribuir a que eso no ocurra y para hacer del control un medio para aportar al correcto uso de los bienes y fondos públicos, lejos de quedarnos en el tradicional control posterior, solo con un enfoque punitivo, se creó, dentro de la reforma del control gubernamental, el modelo de control concurrente. Este privilegia el enfoque preventivo como un mecanismo sistemático y multidisciplinario que acompaña a la gestión del Estado, revelando los riesgos y situaciones adversas que enfrentan los responsables de la gestión para que adopten las medidas pertinentes. Asimismo, hace partícipe a la ciudadanía a fin de promover la transparencia y el control social de quienes deben ser beneficiarios de cada decisión pública.

En lo que va del proceso de Reconstrucción con Cambios, en Piura, la región más afectada, y donde se concentra el 21% del total (5.197) de intervenciones a nivel nacional, se han identificado y comunicado 820 situaciones adversas, que, en conjunto, pueden ser valorizadas en S/2.375 millones. Lamentablemente, dos terceras partes de ellas ni siquiera han merecido algún plan de acción de mitigación o corrección de parte de las entidades ejecutoras y sus responsables.

Esta incapacidad es la misma que se puede apreciar en distintos niveles administrativos del país (nacional, regional y local). Radica en la ineficiencia de los procesos administrativos, la falta de preparación de funcionarios y la indolencia de algunas autoridades; la inconducta funcional que sigue impune en lo administrativo por la falta de aplicación de la capacidad sancionadora; la ineficacia de sanciones civiles y penales; en general, la impunidad de la corrupción. Resolver situaciones como estas, que explican con claridad la incapacidad estatal, es una de las prioridades más urgentes que el siguiente gobierno debiera atender para enfrentar con éxito el drama nacional e individual de la pandemia del COVID 19, permita una pronta reactivación económica y asegure la consolidación fiscal de nuestro país.

Debemos poner fin a esa inercia que quita oportunidades y nos afecta desde hace tanto, encaminándonos durante los próximos años en una senda de crecimiento y desarrollo sustentable para el beneficio de todos los ciudadanos. Reconstruir el norte, de una vez por todas, sería una buena señal de que caminamos en el sentido que todos los peruanos esperan.