Una reforma integral de pensiones, por Carmelo Mesa-Lago

De 1980 al 2010 once países latinoamericanos implementaron reformas estructurales en sus sistemas de pensiones que total o parcialmente los privatizaron. El pionero, Chile, sustituyó el sistema público por uno de cuentas individuales administradas por AFP. La segunda reforma, en el Perú (1992), no cerró el sistema público, creó un sistema privado calcado del chileno, pero con limitaciones, y permitió cambios entre los dos.

El Banco Mundial adoptó el modelo chileno y lo impulsó en la región prometiendo notables avances sobre el sistema público, pero la mayoría no se cumplieron. La cobertura de la PEA se extendería por el incentivo de la propiedad de las cuentas individuales, pero se contrajo; la del Perú cayó de 37% a 26%, la menor después de Bolivia. Los gastos administrativos disminuirían por la competencia, pero en Bolivia y El Salvador hay solo dos AFP, en la mayoría del resto un oligopolio, la concentración en las dos o tres mayores ha crecido y los traspasos entre AFP son mínimos; el Perú tiene los costos más altos en la región. 

El pago de cotizaciones mejoraría por el incentivo de la cuenta individual, pero solo la mitad de los afiliados cotiza en promedio, 45% en el Perú. Las pensiones privadas serían mucho más altas que las públicas, pero en la mayoría de los países las tasas de reemplazo son bajas. La intromisión del Estado y la política terminarían, y sin embargo dos sistemas privados fueron cerrados sin tener en cuenta la opinión de los asegurados. La presunción de que el fondo de capitalización crecería se ha materializado, pero no tanto que la rentabilidad sería muy alta. Esta lo fue al principio, pero ha descendido en picada y se tornó negativa durante la crisis financiera global (se recuperó después). En el Perú, a la par que el rendimiento caía, las ganancias de las AFP no disminuyeron. En el Perú y Chile se eliminaron los aportes de los empleadores, lo cual viola la norma de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que dispone que los trabajadores no deben pagar más del 50% del total de contribuciones. El Banco Mundial ha reconocido que la mayoría de sus promesas no se ha cumplido.

Debido a los problemas explicados, del 2008 al 2010 tres países acometieron “re-reformas” de sus sistemas o pilares privados: Argentina y Bolivia los cerraron y pasaron a un sistema público de reparto; mientras que Chile mantuvo el sistema privado, pero lo mejoró notablemente respecto a los principios de seguridad social (una comisión presidencial ahora estudia una segunda “re-reforma” para corregir problemas pendientes). En el Perú la reforma del 2012, influenciada por la chilena, no generó una mejora sustancial; por ejemplo, en Chile los trabajadores independientes se han incorporado del 2012 al 2015, pero el Perú suspendió esta medida.

Es hora de realizar una “re-reforma” integral del sistema privado de pensiones peruano. Un estudio preparado en el 2014 por tres investigadores de la Universidad del Pacífico (UP), María Amparo Cruz-Saco, Juan Mendoza y Bruno Seminario, documenta en detalle los problemas del sistema y propone soluciones para resolverlos. El estudio ha generado una gran discusión, con apoyos y críticas. Es importante y saludable una discusión pública sobre la “re-reforma” y que las partes involucradas presenten sus estudios respectivos. Ello conducirá a un “diálogo social”, esencial para una reforma lo más consensuada posible. Además, los proyectos deben ser avalados por estudios actuariales independientes mediante organismos técnicos internacionales como la OIT o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).