La presidenta Dina Boluarte convocó anticipadamente a elecciones generales para 2026, en lo que será uno de los procesos electorales más complejos de nuestra historia republicana debido al gran número de partidos, candidatos y nuevas reglas de juego.
El Congreso promulgó recientemente la Ley N° 32299, modificando el procedimiento de recuento de votos cuando existan errores materiales en las actas electorales. Esta reforma -inspirada en las controversias de 2022- permite solicitar un recuento en audiencia pública, ininterrumpida y única por parte del Jurado Electoral Especial, con presencia de personeros y un representante del Ministerio Público. Este “VAR electoral” busca reducir la cantidad de actas observadas, evitar nulidades innecesarias y prevenir denuncias de fraude que erosionen la confianza en los órganos electorales.
Sin embargo, defender la democracia requiere más que mejoras procedimentales. Es fundamental fortalecer institucionalmente todo el sistema electoral, especialmente el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), máximo órgano electoral que administra justicia electoral, fiscaliza la legalidad del sufragio, elabora padrones, mantiene el registro de organizaciones políticas y vela por el cumplimiento normativo.
La gestión del JNE debe responder a los más altos estándares de calidad, eficiencia y transparencia. Es crucial distinguir las funciones ejecutivas de la Presidencia del JNE de las jurisdiccionales del Pleno, respetando los fueros internos para fortalecer la institucionalidad. La Presidencia debe asegurar la incorporación de perfiles idóneos que brinden eficiente y el mejor soporte operacional.
Resulta vital fortalecer la Dirección Central de Gestión Institucional —una suerte de gerencia general— con profesionales de altas credenciales y experiencia adecuadas para generar sinergia entre el personal y funcionarios en un proceso electoral tan complejo.
Igualmente relevante es potenciar la Dirección de Fiscalización, encargada de fiscalizar todo el proceso, incluyendo el padrón electoral, las hojas de vida y los requisitos para la inscripción de partidos y encuestas electorales. Dada la cantidad de candidatos en 2026, esta fiscalización será crucial para garantizar candidaturas de calidad y encuestas objetivas.
Paralelamente, debe fortalecerse la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE, considerando los cambios en las fuentes de financiamiento de campañas y la posibilidad de que actuales congresistas participen sin renunciar a sus cargos, situación que requiere especial vigilancia para evitar el uso indebido de recursos públicos.
El Registro de Organizaciones Políticas (ROP), actualmente cuestionado por su presunta lentitud en la inscripción de nuevos partidos, necesita mayor dotación de recursos humanos y presupuestales para revisar requisitos y atender tachas. Además, debe coordinarse con RENIEC para abordar el problema de las afiliaciones indebidas.
La Presidencia del JNE debe solicitar el fortalecimiento del órgano de control institucional y activar e ir encaminando en coordinación con la CGR las plataformas como “Postula con la tuya” y “En estas elecciones, tú tienes el control”, entre otras, para prevenir y eliminar cualquier indicio de corrupción de candidatos con permanente mirada de los 60 Jurados Electorales Especiales.
La nueva gestión del JNE debe marcar un punto de inflexión, impulsando una reforma real que supere las controversias de gestiones anteriores, convirtiéndose en un referente de eficiencia, modernización y uso inteligente de tecnología. La ciudadanía peruana merece una democracia consolidada con instituciones fortalecidas y un proceso electoral impecable, donde la palabra “fraude” quede proscrita, como bien lo manifestó el ex presidente del JNE, Francisco Távara Córdova.
Finalmente, esperamos que esta importante entidad electoral se convierta -con las credenciales de su actual presidente- en un referente de eficiencia, y transparencia. El país se lo merece.