Relaciones peligrosas, por Percy Medina
Relaciones peligrosas, por Percy Medina
Percy Medina

La legislación peruana establece algunos límites precisos al dinero que las agrupaciones políticas pueden recibir para financiar campañas electorales. En el Perú, una persona natural o jurídica no puede donar más de 60 UIT al año, es decir, S/243.000 en cifras del 2017 y S/216.000 en cifras del 2011. Y se prevé que el partido debe informar obligatoriamente de ese aporte a la ONPE identificando a cada donante. 

Si es verdad, como ha confesado Barata, que Odebrecht dio US$3 millones al Partido Nacionalista para su campaña del 2011, este habría violado la ley de organizaciones políticas (LOP) en al menos dos aspectos. Habría aceptado una donación por encima del límite (art. 30) y habría omitido informar sobre esa donación (art. 34). ¿Qué sanciones caben frente a esas violaciones a la ley? De acuerdo con la LOP, tan solo multas. Entre 10 y 30 veces la cantidad recibida sobre el límite y entre 10 y 50 veces la cantidad no declarada. Es decir, aplicando las sanciones mínimas, al menos 30 millones de dólares por no declarar la donación y un monto algo menor por excederse del límite. Casi 60 millones de dólares en multas parece una sanción bastante drástica para un partido. El problema es que estas multas nunca se pagan y no hay forma de cobrarlas. Los partidos no tienen patrimonio que pueda ser embargable o cuentas bancarias con montos significativos. Estas multas son un disparo al aire. 

Esta inefectividad ha sido advertida hace mucho y por ello se impulsaron algunas reformas como la suspensión del registro partidario por la omisión de aportes en sus informes. Dicha norma, aprobada por el Congreso en diciembre del 2015, jamás fue promulgada por el presidente Humala a pesar de que los plazos constitucionales se vencieron. El Congreso, por su parte, no resolvió esa situación que ha pasado como herencia al presente Parlamento. 

Más allá de las consecuencias penales o tributarias que el caso pudiese tener por otras razones, lo cierto es que desde la perspectiva de la regulación del financiamiento de la política las sanciones son absolutamente ineficaces. Por ello, algunos abogados han señalado que estaríamos frente a violaciones a la ley que no acarrearían consecuencias jurídicas para sus autores. 

Este lamentable hecho, sin embargo, tiene un aspecto positivo: desnudar con claridad la precariedad de los mecanismos de control del financiamiento político. Pues lo que sabemos sobre estas groseras violaciones a la ley no es producto de indagaciones realizadas por alguna autoridad peruana, sino por las delaciones premiadas en el extranjero sin las cuales nunca hubiésemos tenido información sobre este dinero que se entregó bajo la mesa. 

Ahora que en la Comisión de Constitución existe un subgrupo de reforma electoral presidido por la congresista Patricia Donayre aparece una excelente oportunidad para discutir mecanismos para mejorar el control de las finanzas de campaña. El tema tiene que regularse integralmente y con mucho cuidado para crear un marco sencillo, realista, efectivo y que promueva donaciones a la política en lugar de asustar a los donantes. 

Pero promover donaciones no puede confundirse con dejar la puerta abierta para que entre el dinero a las campañas sin ningún filtro. Algunas ideas que pueden ayudar a la discusión son las siguientes: 1) bancarizar todos los aportes superiores a 1 UIT bajo responsabilidad del donante y de quien recibe la donación, 2) prohibir los aportes anónimos y sancionar personalmente a un responsable político de la campaña, 3) prohibir los aportes de empresas con capital extranjero o cuyos ingresos provengan en más de un 50% de contratos con el Estado, 4) permitir el cruce de información entre la ONPE y la UIF, 5) prohibir los aportes de personas con acusación fiscal en delitos de narcotráfico y contra el Estado, 6) añadir a las multas sanciones políticas para el partido y sus dirigentes en los casos más graves. 

Se señalará que un partido no cuenta con toda esta información para saber de quiénes recibe dinero. Hay una propuesta de la ONPE para crear una ventanilla única de aportantes, que funcione como central de riesgo a la que los partidos puedan acudir para consultas. 

La regulación del financiamiento político no es una tarea sencilla, pero es indispensable hacer ya una reforma inteligente de la legislación actual porque lo que tenemos hoy es indefendible.