¿Remuneración mínima a la medida?, por Yolanda Torriani

El anuncio del gobierno de incrementar la remuneración mínima (RM) puede percibirse como una buena noticia. ¿Quién podría estar en contra de aumentar los ingresos de un mayor número de familias y que mejore su calidad de vida y bienestar? Es un objetivo que nadie podría discutir.

Es necesario, entonces, analizar si realmente este aumento contribuirá a dicho fin, si beneficiará realmente a la mayoría o si –contrariamente– la realidad sería otra.

En la Cámara de Comercio de Lima (CCL) siempre hemos señalado que un reajuste de la RM debe considerar criterios técnicos y no políticos. La razón es que un aumento de este concepto, si no se da luego de una evaluación técnica, puede afectar el desarrollo y subsistencia de las micro y pequeñas empresas, que representan el 99% del universo empresarial y de las cuales 84% son informales con baja productividad.

Frente a ello, estas empresas, así como otras, pueden trasladar a trabajadores de menor rendimiento al sector informal, incrementando ese 74% de quienes hoy se encuentran precisamente en la informalidad, sin ningún beneficio social.

¿Por qué las pequeñas empresas no están en condiciones de subir la RM? Porque hacerlo supone sumar un 20% más por concepto de dichos beneficios, además de otros efectos colaterales generados automáticamente. No todas las empresas cuentan con esos recursos y el Perú tiene un serio problema de productividad de la mano de obra, frente al cual no se avanzó en las últimas décadas.

Es bajo estas condiciones que los empresarios y la CCL no estamos de acuerdo con un aumento de la RM que no diferencie sectores productivos ni regiones. Lo realmente beneficioso para un mayor número de trabajadores es que el aumento sea resultado de un análisis técnico-económico y no dependiendo de coyunturas.

Es importante institucionalizar el reajuste de las remuneraciones mínimas, como lo dispone el artículo 24 de la Constitución, a fin de generar certeza, predictibilidad y disminuir la incertidumbre en los agentes económicos.

En el 2007, el Consejo Nacional del Trabajo (CNT) aprobó una fórmula genérica, incompleta y confusa (inflación + productividad), que generó interpretaciones divergentes, a veces sesgadas e interesadas.

En el CNT existe la Comisión Especial de Productividad y Salarios Mínimos (CEPSM), encargada de evaluar y acordar los criterios y variables a tomar en cuenta para implementar la fórmula de reajuste de la RM. Pero entre el 2018 y 2019 dicha comisión ha realizado 23 sesiones en las que ha cubierto alrededor del 50 % de su tarea.

La CEPSM estuvo facultada hasta el 7 de mayo del 2019 para revisar y proponer los parámetros y condiciones del reajuste de la RM, pero más del 50% de ellos no ha sido definido, por lo que es necesario ampliar sus plazos.

También está pendiente en el CNT aprobar las remuneraciones mínimas diferenciadas, las cuales deberían tomar en cuenta el tamaño de las empresas, los sectores productivos y eventualmente factores geográficos, lo que permitirá a muchos empleadores –en especial microempresas– sincerar su situación y reducir la informalidad en el empleo.

Asimismo, están pendientes las opiniones técnicas y oficiales del Banco Central de Reserva y del Ministerio de Economía y Finanzas, por cuanto el reajuste de la RM tiene incidencia innegable en la economía y en el presupuesto nacional.

Se estaría incrementando la RM en una coyuntura de bajo crecimiento, baja inversión y consumo, lo que complicaría más la situación.

La mejor fórmula para generar empleo, impulsar la formalización laboral y garantizar remuneraciones dignas es fomentar la inversión y la creación de nuevas empresas y puestos de trabajo, para lo que se necesita predictibilidad y estabilidad jurídica y política.