El reto de la autosuficiencia, por Milton von Hesse

El modelo de gestión de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) en nuestro país ha colapsado. Esta es una realidad innegable. Tanto que todas las EPS, pequeñas, medianas o grandes, enfrentan problemas de liquidez y solvencia. Este es el problema: de cada 100 metros cúbicos de agua que producen, solo facturan 50 metros cúbicos, y de estos, las EPS cobran la mitad. Es decir, de cada 100 metros cúbicos producidos, las EPS solo cobran 25.

Una de las metas de este gobierno es asegurar el acceso universal a los servicios de agua y saneamiento en condiciones apropiadas y en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) trabajamos incansablemente para lograrlo. Por ello, en el marco de la Ley de Modernización, estamos impulsando una mejora significativa y sostenible de las EPS para la prestación de los servicios de agua, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en todo el país.

Este proceso de modernización involucra la posibilidad de aplicar un Régimen de Apoyo Transitorio (RAT) para aquellas EPS que requieran el mejoramiento integral de su gestión y que evidencien problemas técnicos, financieros u otros, que pongan en riesgo su viabilidad. El Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento, adscrito al Ministerio, conducirá la aplicación de este régimen. El ingreso al régimen de apoyo es progresivo y puede ser por causal –como resultado de una evaluación–, o voluntario, y está sujeto a criterios de priorización.  

Otra de nuestras líneas de acción es darle prioridad a la asignación de recursos a proyectos de inversión a través de los gobiernos regionales, locales y las propias EPS, de acuerdo con criterios técnicos de inclusión social, asignación eficiente, capacidad presupuestal y universalidad. Además daremos prioridad a aquellos gobiernos regionales o locales que cuenten con menos recursos para inversión y proyectos y que al mismo tiempo impacten a la mayor cantidad de personas, localizados en las zonas más pobres de nuestro país.

En lo que va de este gobierno, el ministerio transfirió S/.6.807 millones para financiar 1.650 proyectos de agua y saneamiento. Lo interesante es que, del total de proyectos, el 73% (1.206) se desarrolló en zonas rurales, con una inversión de S/.2.901 millones. Esta proporción se condice con el incremento de la cobertura en dichas zonas, pues mientras en el 2011 alcanzaba a 36,2%, en el 2013 pasó a 63,2%.

Pero recordemos que, para cumplir con el Plan Nacional de Inversiones en el Sector Saneamiento al 2021, año del bicentenario de la independencia del Perú, se requieren S/.53.500 millones. Cerrar esta brecha demanda invertir –en promedio– S/.7.600 millones anualmente. Sin embargo, las transferencias del sector cada año fluctúan entre los S/.2.000 millones y S/.3.000 millones.

Nuestro reto no solo es transferir más recursos, con una mejor asignación de los mismos, sino acompañar a las EPS en su proceso de modernización para lograr integración geográfica en la prestación de servicios, buscar economías de escala, mejorar sustancialmente la gestión con la incorporación de operadores especializados (a través de contratos de gerencia), mejorar sus políticas tarifarias y, al final del camino, alcanzar su autosuficiencia financiera.

Estas mismas eficiencias o mejoras deben ser obtenidas en el ámbito rural. Esto permitirá incrementar las coberturas y mejorar la calidad de los servicios de saneamiento en beneficio de todos los peruanos. Solo así, la inclusión social será una realidad para todos.