Se estrecha el cerco

La estrategia de “huir hacia adelante”, en el caso del precario gobierno de Pedro Castillo, solo hace sentido si al menos la gestión tuviera uno o dos propósitos con metas claramente identificadas. Por ejemplo, si se mantuviera un grave problema pandémico y el Ejecutivo les pidiera a todos los grupos políticos y a la Nación deponer diferencias para salvar miles de vidas.

Paradójicamente, el país sí afronta gravísimos retos, entre otros, la inminente crisis alimentaria, la inseguridad ciudadana que crece, la falta de empleo, un incremento de precios, etc., pero el principal lastre para afrontarlos es el propio Gobierno.

Al estar políticamente aislado y chantajeado por los votos de Vladimir Cerrón, Castillo no tiene ningún margen de acción para rodearse de un equipo de trabajo que le asegure al menos un buen intento de solución a los males señalados. Al contrario, sus designaciones evidencian el atrincheramiento del que nunca ha podido librarse.

Ergo, Ejecutivo y Legislativo, al no vacar al presidente o adelantar elecciones por el conchabamiento de un grupo de parlamentarios con la corrupción y el patrimonialismo, hoy son el principal problema para la mayoría de los peruanos.

La luz al final de este oscuro y deprimente túnel nos la pueden dar la Fiscalía de la Nación y la contraloría. En el primer caso, la justificación constitucional y penal para investigar y poner en marcha actos preparatorios, con las consecuentes limitaciones a sus derechos en el caso Castillo, está más que probada y, por ende, la vacancia por incapacidad moral, en una situación normal, debería de ser inminente.

En el caso de Boluarte, las evidencias entregadas por la entidad de control, que muestran actos incompatibles con el ejercicio del cargo, deberían suponer su acusación y destitución inmediata.

En ambos escenarios, la actuación del Congreso es indispensable. Hasta hoy, el pacto infame que varios parlamentarios tienen con la corrupción de este Gobierno se ha mantenido bajo medias verdades y la defensa de principios como la presunción de inocencia, “el golpismo de la derecha” o “la lucha contra los monopolios” y un sinnúmero de tonterías.

Pero el cerco se estrecha para Castillo y Boluarte, así como el tiempo y los pretextos se les acaban a los congresistas “pro-gobernabilidad”, salvo que quieran ser vistos como la principal causa de la normalización de la ilegalidad, el robo y la ineptitud. Deberían actuar como manda la ley y la Constitución.

¿Acaso cuatro años y medio de sueldo asegurado, o una que otra obra para sus pueblos, valen tanto como para seguir sosteniendo a un Gobierno que viene destruyendo al país con esfuerzo y dedicación? Es hora de actuar.