Una sombra al frente, por Félix Puémape

La administración de Pedro Pablo Kuczynski ha tenido más éxito que sus predecesores en la atención de los conflictos sociales durante su primer año. Según la información proporcionada por la Defensoría del Pueblo, de julio del 2016 a junio del 2017 hubo 35 conflictos menos, frente a los 33 que disminuyeron en el primer año de la administración humalista y los dos que aumentaron en el primer aniversario del último quinquenio aprista. ¿Tal fortuna ha sido producto de los esfuerzos que ha llevado a cabo el Gobierno o, simplemente, se ha debido a la coyuntura política por la que ha atravesado el país?

A diferencia de Alan García y Ollanta Humala, que llegaron al poder mediante un discurso crítico con el modelo de libre mercado, Kuczynski es un caso totalmente opuesto. Así, a inicios de su gobierno, era totalmente válido pensar que, en función a su posición a favor de la inversión privada, iba a encontrar una mayor resistencia de las minorías organizadas en torno a las industrias extractivas. Sin embargo, salvo los casos de Las Bambas y Saramurillo que fueron solucionados con éxito, eso nunca sucedió.

Una primera explicación puede residir en que heredó la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, que ha sido mantenida hasta ahora. De ahí que, hoy en día, en lo referente a prevención y solución de conflictos, el Ejecutivo tenga una institucionalidad más sólida que sus antecesores (que en los inicios de sus gobiernos carecieron de una entidad similar).

Una segunda explicación, de carácter complementario, puede situarse en factores contextuales. Tras las torrenciales lluvias e inundaciones que afectaron a buena parte del país entre marzo y abril de este año, se puede observar claramente cómo bajaron dramáticamente la cantidad de conflictos. Este hecho guarda relación con las explicaciones que se brindan sobre por qué algunas veces las personas no se organizan para hacer demandas al Estado: en contextos de caos, se tiende a priorizar la supervivencia antes que el reclamo.

Pero si el Gobierno ha logrado disminuir el número de conflictos sociales, ¿en qué medida estos suponen un riesgo para su gobernabilidad? El punto fundamental es que, más allá de la creación del Viceministerio de Gobernanza Territorial, y de un estilo de trabajo ministerial más proactivo ante el menor atisbo de convulsión social, no se ha hecho mucho aún por lidiar con el descontento social.

De por sí, esa no es una tarea fácil. La aguda fragmentación política que sufre el país ha llevado a la inexistencia de interlocutores válidos para dialogar y garantizar el cumplimiento de compromisos. Ante ello, en el Perú cualquier entidad creada para canalizar las demandas de la ciudadanía está condenada a fracasar.

En las últimas semanas han ocurrido protestas en los sectores Transportes, Educación y Salud que, hasta el momento, no han llegado a buen puerto. La carencia de cuadros políticos experimentados en lidiar con grupos de interés (de carácter político) y el magro crecimiento económico podrían agudizar aun más los problemas en el futuro. Y en la economía estos podrían ser especialmente relevantes en tanto impulsarían, por el lado de los gremios de trabajadores, demandas para elevar sueldos y, por el lado de los empresarios, demandas para “destrabar” proyectos extractivos resistidos por algunos sectores de la ciudadanía.

En suma, si bien hasta el momento los conflictos sociales parecen haberse reducido, en realidad no se debe necesariamente al accionar del Ejecutivo. De ahí que los pronósticos alentadores deberían, por lo menos, relativizarse. En adelante, la voz (y el hígado) de la sociedad serán una sombra latente que acechará al Gobierno, y de cuyo buen manejo para esquivarla dependerá que no ensombrezca (o acaso acabe con) su mandato.