El desafío urgente de convertir una ley en realidad

En el 2024, se aprobó la Ley 32123 que reformó nuestro sistema previsional. En un país donde la informalidad laboral es mayor al 70% y existe una arraigada desconfianza institucional, la verdadera prueba de la eficacia de la reforma no está precisamente en la norma, sino en su implementación.

Durante décadas, el sistema privado de pensiones (SPP) ha sido un refugio para una minoría de trabajadores formales con capacidad de ahorro, mientras que el sistema nacional de pensiones (SNP) ofrecía pensiones mínimas insuficientes y millones de peruanos se quedaban sin pensión. Esta realidad, denunciada por expertos, políticos y organismos internacionales, exigía una respuesta contundente.

El nuevo sistema integrado de pensiones (SIPP) promete afiliación universal desde los 18 años, establece una sinergia entre los modelos público y privado –actualmente sin conexión– y crea un pilar solidario acoplado a los regímenes contributivos. Además, se elimina el retiro del 95,5% en el SPP, sistema que ahora contará con pensiones proporcionales y mínimas, y se adoptan las cuentas nocionales en el SNP; es decir, las pensiones dependerán de las cotizaciones a lo largo de la vida laboral y un rendimiento virtual. Sin embargo, queda por resolver cómo se garantizará la sostenibilidad financiera a largo plazo y cómo se integrará a los informales.

El reglamento, que saldrá en junio próximo, debe aclarar aspectos cruciales de la ley. Entre estos, cómo unificar la información de afiliados, cómo integrar los sistemas informáticos, qué bonificaciones del SNP se eliminan, cómo facilitar la competencia entre los nuevos y antiguos administradores, cómo integrar los programas sociales, cómo concretizar las unidades de aporte en el SPP, definir si el régimen pesquero se incluye al SIPP o cómo viabilizar el aporte por consumo. La respuesta a estas interrogantes exige una precisión técnica y una visión estratégica.

Pero la real reforma va más allá de normas. A las administradoras de pensiones, tanto la ONP como las AFP (y las nuevas que existirán en el SPP), les corresponde innovar a partir de las mejores prácticas internacionales. Deben usar tecnologías como ‘blockchain’, ‘machine learning’ e IA para combatir el fraude y optimizar la gestión de datos; aplicar estrategias de economía conductual y gamificación, e implementar una comunicación más efectiva con sus afiliados para mejorar sus niveles de aporte y su compromiso con el sistema; y equilibrar la rentabilidad con la responsabilidad social, adoptando criterios ESG en sus inversiones.

El Perú tiene una oportunidad para construir un sistema de pensiones más justo antes de que el acelerado envejecimiento poblacional haga más difícil la tarea. Lograrlo requerirá voluntad política, capacidad técnica y compromiso con el bienestar de las futuras generaciones en un mundo de economía plateada. El reto es grande, pero el objetivo lo vale.