Vivir respirando miedo

En Sullana, aquel que no ha experimentado un asalto o ha sido víctima de la delincuencia integra una minoría muy afortunada. Y es que, en el Perú, podemos afirmar que la inseguridad se ha desbordado.

Un estudio de opinión realizado por CID Latinoamérica (2023) reveló en marzo que los peruanos hemos notado un considerable y muy marcado incremento en los niveles de criminalidad, lo que coloca a nuestro país como el segundo en América Latina –después de Ecuador– en cuanto a percepción de aumento de la delincuencia en la región.

En las últimas semanas, el problema ha puesto a la región Piura en las noticias: los incontrolables signos de delincuencia en Sullana han logrado que se haya decretado al fin en estado de emergencia a la provincia.

Sin embargo, ¿es necesaria una medida de este tipo para atender este problema? Año tras año, contamos con evidencia y reportes de la policía en los que se detalla que la delincuencia ha duplicado sus índices de incidencia, causando que las personas vivamos en constante alerta, que seamos cuidadosos de por dónde caminamos, que los negocios refuercen su seguridad y que en ocasiones se acceda a pagar cupos a la extorsión con tal de no perder la vida. Esto, sin contabilizar las pérdidas en inversión, empleos y el impacto en el desarrollo económico de la ciudad a causa de este mal.

Si les preguntamos a los vecinos de Sullana, estos afirman que esta declaración del Gobierno ha sido lanzada sin un plan concreto ni acción inmediata, casi como si se tratara de un truco de magia, con la esperanza de que aplaudamos y le regalemos apenas un punto de aprobación al régimen de la presidenta Dina Boluarte.

Pero esto no funciona así.

Combatir a los delincuentes no solo debe consistir en simplemente despachar un contingente policial a las zonas declaradas en emergencia. Va más allá de ello. Se debe proporcionar un plan operativo sólido con recursos como vehículos, comisarías y armamento, y con la tecnología necesaria como sistemas de seguimiento de llamadas, inteligencia y vigilancia, así como también disminuir la brecha de 50 mil efectivos policiales que faltarían en el país para luchar contra la delincuencia, según cifras del Ministerio del Interior.

Si no se cuenta con un plan de 360°, se le estaría dando la oportunidad al delito y al delincuente de que se trasladen a otros lugares, provocando que los índices de delincuencia aumenten también en otras zonas y superen con mucha ventaja la inteligencia de nuestros políticos al mando de esta estrategia.

Si aspiramos a reducir los índices de inseguridad ciudadana, también necesitamos un plan de inversión correctamente presupuestado a cargo de la administración municipal y que se coordine con todos los actores involucrados, incluidos los ciudadanos.

Las autoridades locales ocupan una posición estratégica para responder a las demandas de los ciudadanos y fortalecer la colaboración con el serenazgo y la vigilancia ciudadana. No obstante, noto que a las autoridades piuranas les falta también implementar programas de prevención del delito y desarrollar planes de emergencia y contingencia para los ciudadanos. Hago un llamado a estas autoridades también para que asuman la seguridad como una prioridad en su gestión y que demuestren un sólido liderazgo, una verdadera preocupación por ayudar a mitigar el problema y un enfoque de gobernanza participativa.

Desde un punto de vista lógico, la delincuencia involucra a muchos actores: una policía correctamente armada, un Poder Judicial con sentencias rápidas y un Instituto Nacional Penitenciario que albergue a la mayor cantidad de delincuentes posibles para todos los delitos.

Pero en un gobierno en el que los cargos de ministro del Interior y de comandante general de la policía son cada vez más transitorios, las expectativas de los ciudadanos que esperan que la inseguridad disminuya en Sullana son ínfimas. Con solo tres patrulleros de la PNP en la ciudad, ¿cómo se espera que los índices de criminalidad que arroja Sullana no aumenten? La inseguridad no solo amenaza la propiedad y la integridad física, sino que también destruye la confianza y el bienestar de la sociedad en su conjunto.

La inseguridad es un desafío persistente que requiere de un accionar constante y no solo de una medida de 60 días. La declaración de emergencia no es una varita mágica. Si el Gobierno se ha comprado este problema, debe haber respuesta en los niveles locales, regionales y nacionales: desde Palacio de Gobierno hasta los ciudadanos. La salida no solo debe ser declarativa, sino con acciones inmediatas, metas reales y reportes constantes. Debe existir una respuesta efectiva a los delitos y también un enfoque en la prevención.

Si a la medida le quedan poco más de 45 días de vigencia y hasta el momento la inseguridad persiste y parece incluso más descontrolada, ¿debemos mantener entonces la genuina esperanza de que en verdad la delincuencia disminuirá? La seguridad no es un regalo que el gobierno nos concede; es un derecho que debemos reclamar y defender.

La situación en nuestra Sullana y en el Perú entero es alarmante y nadie merece vivir en un lugar en el que el peligro es latente.