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Tacna discriminada, por Walter Chipoco Espinoza

“El artículo 71 de la Constitución continúa discriminando a los tacneños al no permitir inversión extranjera”.

Walter Chipoco Espinoza Asesor de la Cámara de Comercio de Tacna

Tacna

"En Tacna existen otras empresas extranjeras con inversiones que no se amparan en ningún Decreto Supremo". (Ilustración: Giovanni Tazza)

Durante 50 años los tacneños sufrimos cautivos en un país al que no pertenecíamos. Hoy sufrimos 95 años de discriminación constitucional en el país al que volvimos por nuestro propio anhelo. ¿Qué hicimos mal? ¿Qué pecado cometimos?

En 1920, el entonces presidente Augusto B. Leguía promulgó la Constitución que, en su artículo 39, normaba la prohibición de propiedad o posesión de predios por parte de extranjeros en los primeros 50 kilómetros de frontera, en aplicación de la política de soberanía y seguridad nacional. En la Carta Magna precedente tal prohibición no existía.

Hoy, el artículo 71 de la Constitución de 1993 continúa discriminando a los tacneños al no permitir inversión extranjera, exceptuando de este veto solo a aquellas inversiones que se declaren de necesidad pública vía decreto supremo (D.S.). Así, a través de esta herramienta, el segundo gobierno de Alan García emitió 15 D.S. –principalmente para concesiones mineras–, mientras la administración actual concedió uno en agosto del 2016 para una inversión colombiana en Tumbes.

En este contexto, hace poco más de un mes el Ministerio de la Producción (Produce) dio a conocer una resolución ministerial (334-2017-PRODUCE) que contenía la pre-publicación del D.S. que permitiría que dos empresas extranjeras realicen inversiones en nuestra región. La primera de ellas iba a invertir aproximadamente US$100 millones y crear 5.000 puestos de trabajo formales en la construcción de un centro comercial. La otra buscaba proteger su inversión, pues una de las tiendas del ‘retail’ ferretero que había adquirido se encontraba instalada en Tacna.

El objetivo de esta prepublicación era recibir opiniones y sugerencias hasta este 29 de agosto. Sin embargo, de manera sorpresiva, hace unos días el Produce levantó la resolución y cerró así el plazo para recibir opiniones sobre el D.S.

Antes de centrarnos en la decisión del ministerio, es importante echarle un vistazo a la realidad tacneña. Nuestra economía se basa, principalmente, en servicios y comercio (35%), minería (18%) y construcción (12%). Se estima que el 70% del empleo en nuestra región es informal.

Asimismo, del 2004 al 2010 el canon minero permitió que Tacna se viera beneficiada con más de S/2.000 millones en inversión estatal, un monto inédito. Sin embargo, a partir del 2010, la caída de los precios de los metales redujo las inversiones públicas que provenían del canon hasta un mínimo de S/70 millones este año. Esto ha impactado fuertemente a los tacneños.

Una de las tantas ruedas que ha permitido que, a pesar de los baches del exterior, nuestra economía camine la componen los turistas chilenos que llegan a Tacna para comer en nuestros restaurantes, atenderse con nuestros médicos, etc. Ellos han contribuido a paliar la caída de las inversiones públicas. Se ha determinado que casi 7.000 chilenos cruzan la frontera diariamente –en días pico este número se dispara hasta los 30.000– y que gastan, en total, casi US$24 millones cada mes.

Como todo en la vida, existen voces discordantes u opositoras al proyecto, incluso dentro de la misma población tacneña. Mientras los que se pronuncian a favor –la mayoría– se amparan en los beneficios que traería para la zona la creación de empleo formal, el ingreso de nueva tecnología (tanto comercial como de infraestructura) y los mayores tributos para los gobiernos nacional y municipales, los opositores –la minoría– sostienen su rechazo en tres argumentos: que la construcción de un centro comercial no es de necesidad pública; que se trataría de competencia desleal en desmedro de los pequeños comerciantes; y que, al tratarse de capitales chilenos, su llegada socavaría la soberanía y la seguridad nacional.

Sobre lo primero, es indudable que los beneficios que traería para la región (y que ya mencionamos) son una necesidad pública, en la medida en que urgimos de más empleos formales y mayores ingresos tributarios.

Sobre lo segundo, es evidente que la competencia desleal viene, más bien, de parte de los pequeños empresarios que se hallan mayormente concentrados en la informalidad. Es decir, que no tributan ni dan empleo de calidad.

Sobre el supuesto atentado contra la soberanía y la seguridad del Perú, en Tacna existen otras empresas extranjeras con inversiones que no se amparan en ningún D.S., como bancos (BIF, Azteca, BBVA Continental), farmacias (Inkafarma), operadores móviles (Entel, Claro, Movistar) y ‘retail’ (Maestro), sin que ello haya significado algún tipo de afrenta o menoscabo para el país. Más bien, habría que darles confianza y seguridad jurídica a estas inversiones extranjeras ya establecidas.

Esperamos, pues, que el presidente Kuczynski y el ministro de la Producción emitan el D.S. de excepción que permita la llegada del capital extranjero a nuestra querida región. Después de décadas de discriminación injusta, los tacneños aún no perdemos las esperanzas.

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