No tomarás el nombre trabas en vano, por José Luis Guasch

Aplaudo los esfuerzos de este gobierno para destrabar las inversiones. Aplaudo la creación de la Unidad de Destrabe, ahora radicada en Pro Inversión, y la creación de la Unidad de Cumplimiento (Delivery Unit) en la PCM. El Perú necesita un impulso mesurado y responsable de inversiones en proyectos de infraestructura mediante una combinación inteligente de asociaciones público-privadas (APP) y obras públicas. Pero ojo, en ese proceso de destrabe no echemos al bebe con el agua sucia de la bañera.

Existen trabas y también “trabas”. Últimamente, todas son mencionadas como obstáculos a la inversión en proyectos de infraestructura. Las primeras merecen ser eliminadas y las otras no. Las “trabas” (que en realidad no lo son), pese a que pueden demorar el proceso de adjudicación, son requisitos esenciales para el lanzamiento de proyectos con el fin de que se logren al menos dos objetivos. 

El primero es que los proyectos tengan un alto impacto socioeconómico para el país. El segundo es que eviten problemas (como adendas innecesarias y demoras) en la etapa de ejecución. Algo similar aprendí de mi viejo, Ramón, un catalán con mucho ‘seny’ que discernía muy bien entre las que él argumentaba eran trabas para sacarle plata para mi desarrollo profesional.

Ejemplos de las “trabas” que no deben ser eliminadas son: 

i) Que se cuente con un 100% de liberación de predios, expropiaciones y derechos de vía e interferencias para aquellos proyectos que sean focalizados (como aeropuertos, hospitales, escuelas, plantas de generación de electricidad o de tratamiento de aguas, etc.); y con una liberación de al menos 50% en proyectos con largos períodos de ejecución de obras (como carreteras, metros, etc.). 

ii) Lanzar proyectos con un nivel avanzado en los estudios de ingeniería.

iii) Realizar estudios rigurosos de evaluación del impacto socioeconómico de los proyectos.

iv) Realizar para las APP una evaluación cualitativa de su valor por dinero, en relación al proyecto de ser ejecutado como obra pública.

v) Respetar los filtros interinstitucionales establecidos para la aprobación de proyectos en sus varias etapas y también en las evaluaciones de las adendas, priorizando las decisiones colegiadas como una forma de reducir el riesgo de favoritismo, oportunismo, lobbies y corrupción.

vi) Exigir la entrega del modelo financiero del ganador de la licitación.

vii) Dar suficiente tiempo (tres meses como mínimo) para que terceras partes puedan presentar ofertas en las licitaciones, sobre todo en proyectos de iniciativa privada.

viii) Requerir una cláusula anticorrupción en todos los contratos

ix) La publicación sistémica en las páginas webs de todos los actores públicos, la información de los proyectos, los contratos, las ofertas emitidas en las licitaciones, las adendas y sus respuestas y consecuencias. 

En ese último punto se escucha oposición –sin duda no apropiada– de algunos sectores que indican que esto daría lugar a reclamos o explicaciones por parte de otros órganos políticos o de la sociedad civil que podrían generar demoras. Pues mi respuesta es: ¡Bienvenidos sean! No debe haber límites a la transparencia del proceso. Si no, recordemos lo ocurrido con el Caso Odebrecht.  

Ahora, sí hay trabas genuinas que tienen que eliminarse o reducirse en forma integral. Por ejemplo, no requerir para la ejecución de proyectos el saneamiento de los terrenos expropiados (lo ideal es que el Estado entregue todo saneado y, si no es posible, se deberían crear mecanismos claros para encargarle parte de esa tarea al inversionista). 

También se deben establecer tiempos para la emisión de licencias y permisos una vez hecha la evaluación apropiada (arqueológicos, municipales, medioambientales), reducir las demoras por rechazos de expedientes incompletos a través de protocolos de trabajo y coordinación entre las varias partes involucradas (concedente, MEF, Pro Inversión, regulador y contraloría), así como establecer procesos en paralelo y colegiados en todos los contextos donde sea posible. Asimismo, acortar tiempos de respuesta en las evaluaciones de informes y limitar la responsabilidad de los firmantes con cautela y criterios.

Para reducir tiempos en la evaluación de las propuestas, se debe usar el mecanismo de apertura de sobres, primero el económico y luego el técnico, pero solo el del ganador (con la mejor oferta económica). Eso elimina la necesidad de evaluar todas las ofertas técnicas y la posibilidad de apelaciones en caso de rechazo de la propuesta técnica. Por último, debemos eliminar o reducir las demoras (¡en años!) vinculadas al cierre financiero de los concesionarios, una constante en la mayoría de APP en el Perú (valgan las muestras recientes en Chinchero, el gasoducto y Chavimochic, entre muchas otras). Si un proyecto se lanza con los requisitos aquí descritos, y también de acuerdo a las últimas normativas legales, no hay razón para que el cierre financiero demore más de seis meses. 

Ahora más que nunca se requiere que el Estado aumente la transparencia en sus procesos y sincere el tratamiento de lo que son realmente trabas, y de lo que son condiciones mínimas para el éxito del sistema de participación público-privada en la provisión de infraestructura.