Trump vs. la inmigración legal, por Shaw Drake y Elizabeth Gibson

El apoyo del presidente Donald Trump a la iniciativa de reducir drásticamente la inmigración legal a Estados Unidos capturó rápidamente los titulares, pese a que es poco probable que esta se convierta en ley. Sin embargo, que Trump considere esta propuesta como adecuada constituye ya de por sí un motivo de preocupación. El presidente ha apelado a una respuesta populista que ve a las comunidades de inmigrantes como un chivo expiatorio, ignorando las consecuencias y el daño que esta política podría causar a innumerables familias.

En lo que respecta a los derechos humanos de los migrantes, Trump ha abdicado al liderazgo en el continente. Con Estados Unidos dando la espalda, dicho liderazgo recae ahora en otros países que buscan trazar un camino que asegure los derechos de los migrantes y refugiados en América.

La ley propuesta –Reforma de la Inmigración Estadounidense para un Empleo Fuerte (RAISE Act, por sus siglas en inglés)– limitaría la cantidad de visas familiares entregadas a cónyuges y niños, reduciría el número de refugiados admitidos a 50.000 y eliminaría el sorteo de diversidad de las “Green cards”. Asimismo, da preferencia a quienes hablan inglés (cuando Estados Unidos no tiene un idioma oficial) y a aquellos con ofertas de trabajo altamente remuneradas y con educación avanzada. Los peruanos verían reducidas sus opciones para migrar legalmente a Estados Unidos, las personas que radican en Estados Unidos ya no podrían pedir la reunificación de sus familias extendidas y aquellos que no logren conseguir ofertas de trabajo bien remuneradas serían considerados como inmigrantes poco calificados o no calificados, de supuesta menor importancia.

Nadie espera que esta propuesta se convierta en ley. Los demócratas han expresado que esto no es "lo que Estados Unidos representa" y muchos republicanos, entre ellos poderosos senadores, entienden el efecto devastador para la economía y los intereses del sector privado que conllevaría reducir la inmigración legal.

Entonces, ¿por qué el presidente Trump apoya un proyecto que difícilmente superará los numerosos candados que tiene el Congreso para reformar el sistema de inmigración estadounidense? No es el primer político que descubre que culpar a los extranjeros es una forma fácil de evitar responder sobre cuestiones complejas.

Las instituciones democráticas estadounidenses ya han frustrado algunas de las peores iniciativas de la administración de Trump, por ejemplo, bloqueando la mayoría de las disposiciones de su reciente veto contra inmigrantes musulmanes. No obstante, el Congreso sí ha financiado secciones adicionales a muros fronterizos y la contratación de más oficiales de inmigración, a pesar del análisis negativo de los expertos. Los departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional también han buscado perseguir a los inmigrantes, incluso cuando estos huyen de alguna persecución o han vivido en Estados Unidos durante décadas. Es ampliamente sabido que el sistema de inmigración de Estados Unidos necesita de una reforma y que las leyes y cuotas desfasadas han llevado a la existencia de una gran comunidad de inmigrantes indocumentados, pero apartarlos de su hogar adoptivo, de las familias que han construido y de su papel esencial en el mercado de trabajo de Estados Unidos no es la solución.

Además, la retórica antiinmigración de Trump ha promovido la infundada idea de que los inmigrantes y refugiados son un riesgo para la seguridad, alimentando las violaciones de derechos de los solicitantes de asilo en la frontera de Estados Unidos e interrumpiendo el programa de reasentamiento de refugiados. La administración Trump también anunció recientemente su intención de introducir disposiciones para mantener en México a todos los no-mexicanos que lleguen a ese país mientras un juez estadounidense decide su situación migratoria, agobiando así a México y eludiendo su responsabilidad frente a los migrantes vulnerables.

Estados como el Perú deben asegurarse de que el resto de América no se conforme con una visión irresponsable y miope que culpe a los inmigrantes por los problemas del mundo. Los sudamericanos deben presionar a sus gobiernos para que acepten a los refugiados y establezcan sistemas basados ​​en derechos humanos para procesar a los migrantes.

Los ciudadanos de América del Sur también pueden presionar a sus gobiernos para que llenen el vacío dejado por Estados Unidos en la escena internacional. Muchos países ya están mostrando el poder de sus propias políticas migratorias progresistas. Voces de la región están a la vanguardia de la respuesta a los grandes desplazamientos de refugiados y migrantes en curso en las Naciones Unidas.

Asimismo, proyectos como la Carta de Derechos de los Migrantes Internacionales vienen trabajando para promover el reconocimiento al cual los estados ya están vinculados por las protecciones de derechos humanos existentes para los migrantes. Dicha iniciativa está tratando ahora de desarrollar directrices interamericanas capaces de captar las políticas innovadoras y progresistas desarrolladas por los Estados de la región como herramientas para países, asesores políticos, académicos y para los propios migrantes. En un clima en el que Estados Unidos probablemente ignore los nuevos acuerdos internacionales, esa orientación normativa es un camino prometedor para que los Estados compartan ideas y construyan un consenso.

El Gobierno estadounidense ha olvidado algo que el presidente Trump probablemente nunca supo: los derechos de los migrantes son derechos humanos y Estados Unidos ha desempeñado un papel importante en asegurar que estos derechos sean respetados en toda la región y alrededor del mundo. Con el retroceso de Estados Unidos, el avance de los derechos humanos también se ve afectado. Pero Estados Unidos nunca ha sido la única voz que los defiende en América. Y ahora, otras voces deben llenar el vacío.

*Shaw Drake es un abogado especialista en derechos humanos basado en Nueva York y miembro del International Migration Bill of Rights Initiative.

​Elizabeth Gibson es una abogada especialista en interés público y derecho migratorio basada en Nueva York y miembro del International Migrants Bill of Rights Initiative Steering Committee.