"Iniciar el retorno, cuando antes, permitirá focalizar la atención en lo más complejo, como la reinserción de más de 90 mil estudiantes que interrumpieron sus estudios en 2020". (Foto: Unicef)
"Iniciar el retorno, cuando antes, permitirá focalizar la atención en lo más complejo, como la reinserción de más de 90 mil estudiantes que interrumpieron sus estudios en 2020". (Foto: Unicef)
Daniel Alfaro

La reciente flexibilidad de las normas de retorno a clase que el será, sin duda, un impulso al pronto retorno a clases. La meta del 100% de escuelas con algún grado de presencialidad hasta el 28 de marzo pondrá a prueba al gabinete en pleno que ya cuenta con una comisión multisectorial para ello. Y es que la foto de cierre de año no fue halagadora: solo siete regiones superaron el 30% de servicios educativos habilitados que regresaron a clases. En Lima, no llegó ni al 2%.

Otro frente complicado es el Congreso. Con celeridad, el día del partido Perú-Ecuador, lograron que la mayoría apruebe, en primera votación, un proyecto de ley que busca cambiar el Consejo Directivo de la Sunedu, debilitando su autonomía y carácter técnico.

Frente a ello, instituciones de prestigio y varios colectivos de la sociedad civil han solicitado madurez política al Congreso y firmeza al Ministerio de que en anteriores ocasiones ha sido tajante en la defensa de las reformas educativas, por mandato constitucional y rigor técnico. Una oportunidad de oro para que este nuevo gabinete pueda pronunciarse a favor del estudiante, centro de cualquier reforma educativa (algo que algunos funcionarios del sector no interiorizan aún).

Regresemos a la educación básica. Además de la flexibilidad de las normas, se recomienda una campaña de comunicación impulsada por todo el gobierno. Su objetivo es comunicar la importancia del retorno a clases y los graves impactos del cierre de las escuelas; así como los avances en asegurar las condiciones de bioseguridad y la vacunación de docentes y menores de edad. Esta medida es urgente ya que la disponibilidad de las familias para retornar a clases, según el Semáforo de Escuela Remoto del Minedu, se mantuvo en 60% durante el segundo semestre del 2021.

Por el contrario, la disponibilidad de los docentes aumentó de 48% en julio a 69% en noviembre. Fue favorable acelerar la vacuna de docentes y personal administrativo: al 7 de febrero, el 56% tiene tres dosis; el 38%, dos; el 2%, una, y el 3% está sin vacunar. También ayuda la meta de vacunar al total de estudiantes para el 28 de marzo, anunciada por del ministro Rosendo Serna. Por ello, preocupa que el cambio ministerial en el Sector Salud pueda disminuir la velocidad de la vacunación o restar fuerza al convencimiento de los no vacunados

Iniciar el retorno, cuando antes, permitirá focalizar la atención en lo más complejo, como la reinserción de más de 90 mil estudiantes que interrumpieron sus estudios en 2020. Al cierre de 2021, solo se logró reinsertar a 58 mil. Otro reto complejo está en continuar mejorando la calidad de la educación básica pública frente al millón de estudiantes nuevos que ingresaron durante los últimos dos años, 17% más que en 2019. Este será un reto de gestión, pero también de presupuesto con el Ministerio de Economía y Finanzas.

La transición de los egresados de secundaria a la educación superior también sufrió un fuerte revés: cayó de 37% en 2019 a 21% en 2020. Así, la atención pública puesta sobre la Reforma Universitaria, a raíz del proyecto de ley arriba mencionado, dificulta la apuesta por una agenda de la educación superior más pertinente, que priorice, por ejemplo, la atención e inversión en la superior tecnológica y técnico-productiva.

A raíz de la pandemia, la matrícula de la educación superior tecnológica disminuyó de 487 mil en 2019 a 432 mil en 2021. Así, en vez de debilitar la Sunedu, se debe fortalecer para que pueda asumir los licenciamientos de los institutos, que ahora están a cargo del Ministerio de Educación. De este modo, se mejora el sustento técnico para lograr una mayor inversión como se hizo a muchas universidades públicas que lograron su licenciamiento.

Del mismo modo, el Congreso podría rencausar su agenda colocando a debate la culminación del proceso de reorganización del Sineace para potenciar los procesos de mejora continua a través de las acreditaciones. Por su lado, el Ministerio de Educación debe implementar el Viceministerio de Educación Superior y dar continuar a las estrategias de la Política Nacional de Educación Superior y Técnico-Productiva.

Será igual de importante fortalecer la meritocracia en la Reforma Magisterial, que tuvo un retroceso con la filtración de pruebas en el último concurso de nombramiento y con su apresurada cancelación por parte del Congreso, sin el debido debate técnico. El presidente debe ser el primero en respaldar esta reforma, otrora su pasado sindicalista, para asegurar que la máxima autoridad del gobierno defiende el interés superior del niño.

Lo anterior es relevante frente al proceso de incremento gradual del salario docente y de su carrera magisterial. Sucede que la porción que se destina a remuneraciones docentes se incrementó del 43% en 2016 al 55% en 2020. Y, en 2022, con un nuevo incremento de 200 soles sobre el piso salarial, seguirá está mayor presión.

Si la mayor apuesta del Sector Educación está en el cuerpo docente, como recomienda la literatura internacional, es importante asegurar que alcance todo su potencial. Y es que brecha de competencias es considerable: en los concursos de nombramiento de 2015, 2018 y 2019, donde participaron alrededor de 200 mil postulantes cada vez, solo el 4%, el 5% y el 2%, respectivamente, superaron las pruebas escritas y descentralizadas.

Más allá, es importante revolucionar la educación superior pedagógica para preparar a los futuros docentes en la implementación del currículo por competencias, guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje por proyectos que estimulen los talentos del estudiante, ampliar las bondades digitales del aula invertida donde se aprenda teoría en remoto para ponerla en práctica con el profesor, potenciar sus capacidad de evaluación formativa con énfasis en aspectos socioemocionales, entre otras mejoras que aseguren convertir a los docentes en los grandes actores del Bicentenario.

Aliviar todos estos puntos de dolor excede la capacidad de cualquier ministro de Educación. Requiere la cooperación de todo el gabinete ministerial y del congreso. Implica una mezcla de sentido de urgencia y madurez política, es decir, dar soluciones en el cortísimo plazo y entender que los resultados serán de largo plazo. Una mezcla ausente en medio de esta conflictividad política.