"Con esto, se concretizaría un cimiento ineludible de nuestra democracia, mostrando que esta apuesta va en serio". (Ilustración: Víctor Aguilar)
"Con esto, se concretizaría un cimiento ineludible de nuestra democracia, mostrando que esta apuesta va en serio". (Ilustración: Víctor Aguilar)
Leda Pérez

Profesora e investigadora en la Universidad del Pacífico

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La democracia peruana se construye, pero el proceso es lento. El cemento de esta –la noción de la igualdad política de todas y todos frente a la ley– hace siglos que se mezcla, pero aún no seca. Esa idea que nos edifica como ciudadanos, no solo en la teoría, sino en la práctica, no acaba de tomar forma.

Junto con una pandemia que ha azotado el mundo, el Perú vivió en el 2020 históricos desafíos políticos, culminando con una ciudadanía que salió a pelear frente a un gobierno ilegítimo, logrando así frenar un descarado golpe de Estado. Y esto, con la trágica perdida de dos vidas jóvenes. No existen suficientes lágrimas para consolar a una nación.

Iniciando un año nuevo, luego del desastre del previo, existen también batallas menos visibles, pero igualmente urgentes, y cuya resolución representará un barómetro de la calidad de nuestros derechos colectivos, de la solidez de nuestra república.

La Ley 31047 de las trabajadoras y trabajadores del hogar fue dada en octubre del 2020. Desde entonces la Federación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar (Fenttrahop) viene colaborando junto con el Minsterio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), otros sindicatos, organizaciones de sociedad civil y académicos para diseñar el reglamento de esta ley que busca garantizar derechos laborales y sociales completos para algunos de los trabajadadores más discriminados del país. Esto es lo que exige el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por el Perú en el 2018. Más allá de la normativa internacional y nacional, es lo que demanda la decencia y la justicia.

Esta ha sido una lucha prolongada, en muchos sentidos parecida a la actual pugna de los trabajadores del sector agroindustrial, que en pleno siglo XXI se ven obligados a tener que convencer a sus empleadores y al Estado de la necesidad de contar con derechos y salarios dignos. Increíble, pues revela cuán tentativa es nuestra democracia –una en la cual solo algunos pueden ejercer todos sus derechos cabalmente–. De esta forma, la igualdad política se queda en lo conceptual, en eterno peligro de ser esfumada.

Por ello el fortalecimiento de una ciudadanía con capacidad de respuesta, incluyendo a sindicatos sólidos, se vuelve indispensable. Vemos su resultado en las marchas nacionales de noviembre que enfrentaron el abuso de poder por nuestra clase política; en las protestas valientes de los trabajadores agropecuarios. Y lo estamos viendo en la resistencia sin tregua de la Fenttrahop, junto con otros aliados. Frente a consensos antiguos de “business as usual” por disfrazar a la desigualdad estructural con acuerdos y leyes sin intención alguna de rectificar injusticias históricas, este sindicato logró frenar la publicación del reglamento de la ley 31047 por deficiencias en su capacidad de asegurar que derechos igualitarios sean verdaderamente aplicables. Sin esta intervención es probable que la reglamentación propuesta por el MTPE hubiera dejado intactas muchas de las prácticas discriminatorias que experimentan las trabajadoras de este sector. Gracias a la vigilancia e insistencia de un grupo de ciudadanos a ser tomados en cuenta como iguales, existe ahora una nueva oportunidad de diálogo con el MTPE. Derrotado el intento de aprobar un reglamento defectuoso, la expectativa es que en los próximos días habrá diálogos horizontales en los cuales el sindicato y otros actores de la sociedad civil, junto con el Estado, se escuchen y se tomen en cuenta como compatriotas, como ciudadanos.

El resultado de este proceso debería ser que las trabajadoras del hogar y sus empleadores cuenten con una herramienta normativa precisa que paute el tipo de relación que ambas partes deben generar, entre ellos un contrato claro y registrado, un sueldo mínimo y otros derechos que asegurarán protecciones laborales y sociales. Ahora solo falta que el Estado asuma su rol como garante de estos derechos, formalizando este trabajo y los estándares laborales y de vida requeridos. Y también que los empleadores entiendan que esto es una pieza indispensable para legar a sus hijos una sociedad en la cual los derechos son respetados. Con esto, se concretizaría un cimiento ineludible de nuestra democracia, mostrando que esta apuesta va en serio.

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